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20 febrero 2017 1 20 /02 /febrero /2017 16:08

Negar pruebas a la parte por no soportar conducencia, pertinencia y utilidad debidamente.

Negar la totalidad de las pruebas solicitadas, al considerar que enunció, pero no argumentó su pertinencia y conducencia, tal como lo exige el pertinencia y conducencia (artículos 357 y 375 de la Ley 906 de 2004), cuestiones conceptual y sustancialmente distintas, pues si los dos actos fueran iguales o equivalentes, no tendría sentido que el legislador se hubiera referido a la solicitud de pruebas cualificando su contenido, en el sentido de exigir de manera explícita en el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, que las pruebas solicitadas deberán tener relación con los hechos de la acusación (pertinencia), los cuales se podrán demostrar a través de los medios lícitos (conducencia) que las partes libremente deciden que sean aducidos al proceso.

Y como paso ulterior, el artículo 359 del C. de P.P., expresamente dispone:

 

“Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba”.

 

            Integrando sistemáticamente esa disposición con lo dispuesto en los artículos 356 y 357, la Corte ha señalado que:

 

“Esta facultad, inserta profundamente en el derecho de defensa y su correlato de contradicción, sólo puede ser ejercida, no apenas porque así lo consagre el legislador dentro del derrotero antecedente consecuente consagrado en la Ley 906 de 2004, sino porque la lógica probatoria así lo impone, luego de que se ha hecho la postulación argumental de quien solicita la práctica del medio suasorio y, huelga anotarlo, previo al pronunciamiento del juez de conocimiento aceptando o negando su práctica, en el entendido, como se anotó al inicio, de que la decisión resuelve la controversia planteada por los contrarios.” (CSJ. AP, radicado 27.608 del 29 de junio de 2007)

 

Lo anterior demuestra que no se trata de una secuencia formal, sino de actos con contenidos precisos y distintos que corresponden a la dialéctica del trámite y que imponen a las partes el deber ineludible de precisar en la solicitud de pruebas la pertinencia, conducencia y utilidad de las mismas, con el fin de entregarle al juez, con la garantía de la previa contradicción y confrontación probatoria entre las partes, los elementos de reflexión indispensables para que decida acerca de la validez, eficacia y aptitud de los medios de prueba que habrán de practicarse en el juicio oral y evaluarse en la sentencia, carga que de no cumplir lleva irremediablemente a que se nieguen las que han sido solicitadas.

Medidas de aseguramiento no privativas de la libertad.

Llagan a nuestro estatuto procedimental, desde los mandatos de Naciones Unidas conocidas como reglas de Tokyo, aprobadas en el Congreso 8 de 1990, reunido en Cuba, en donde se afirma que se debe racionalizar las medidas y políticas penitenciaria, la pérdida de identidad social del indiciado, materializar el principio de intervención mínima.

La Ley 1786 de 2016, plazos máximos para excarcelar por vencimiento de términos (…) y C 234 de 2016.

 

EPS no se puede negar a tratar a farmacodependientes con la escusa del no pos.

CN, Sent. T 450 del 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.

 

Acreditación de evidencias físicas que no cumplen cadena de custodia.

El sometimiento a cadena de custodia y autenticidad de la evidencia física, se puede acreditar por cualquier medio de conocimiento a la luz del art. 277 CPP; tratándose de evidencia única, o identificables a la simple vista, el protocoló de cadena de custodia se suple a través de testigos con conocimiento directo de los hechos.

CSJ. SP. Sent. 1602017 (44741) del 2017, M.P Patricia Salazar Cuellar.

 

Tutela por falta de notificación y falta de defensa técnica.

La tutela contra las decisiones judiciales se genera cuando el juzgador viola las garantías fundamentales al negar el derecho sustancial, esto es por no aplicar la norma sustancial acorde con el procedimiento que se tramita, o al exceder la aplicación de formalidades procesales y se hace nugatorio un derecho, vulnerando con ello un derecho fundamental: debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Ausencia de notificación: la finalidad de la notificación es poner en conocimiento de las partes el contenido de las decisiones y así ejercer el derecho de defensa y contradicción.

 

Defensa técnica: ser defendido por un abogado idóneo penalmente, que su defensa no fue meramente formal, que se tuvo estrategia de defensa y cabe la tutela cuando la pasividad de la defensa fue determinante para tomar la decisión.

CN, Sent. T 612 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz.

 

Juez de control de garantías.

No se puede empeorar la decisión cuando sea apelante único, solo se debe estudiar y pronunciarse sobre lo que fue objeto por las partes y deben garantizar las medidas necesarias en aras de la protección de los derechos fundamentales.

CN, Sent. T 643 de 2016, M.P Luis Ernesto Vargas.

Corte reitera obligación del Estado de cumplir órdenes emitidas por la Corte IDH en caso Santo Domingo

(Corte Constitucional, Sentencia T-564 - 10/18/2016)

Con ocasión de la denominada “masacre de Santo Domingo”, un caso emblemático del conflicto armado colombiano, la Corte Constitucional no solo reafirmó el valor jurídicamente relevante de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que también reforzó su vinculatoriedad jurídica en nuestro ordenamiento, cuando el Estado colombiano sea la parte procesal pasiva de dichos litigios. Así mismo, indicó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a través de su artículo 33, creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por medio de sus artículos 52 y siguientes estableció su organización, composición y reglas procedimentales para el cumplimiento de su misión. Sumado a lo anterior, se consagró que la Corte IDH cumpliría funciones consultivas y se le otorgaron poderes jurisdiccionales para decidir casos que los Estados partes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pusieran en su conocimiento, por violación de derechos reconocidos en la convención. En virtud de lo precedente, Colombia ratificó la Convención Americana y con ello aceptó la competencia de la Corte IDH para conocer las posibles violaciones que Colombia cometiera. Lo anterior a través de Ley 16 de 1972, que entró en vigor para las partes en julio de 1978. Ello no solo confirma la aceptación de competencia de la Corte IDH, sino el deber de acatar sus decisiones cuando sea parte en un proceso (M. P. Luis Ernesto Vargas)

Mindefensa firmará acuerdo de cooperación bilateral con Francia

(Mindefensa, Comunicado - 1/17/2017)

El acuerdo se formalizará en París durante una visita formal que realizará el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, durante el primer trimestre del 2017. Durante el encuentro se discutirán temas de ciencia, tecnología, desminado, desastres naturales y medio ambiente; sin embargo, el foco central de la reunión es el acercamiento de las fuerzas militares colombianas con sus homólogas francesas. La formalización del acuerdo técnico de cooperación en defensa permitirá a Colombia conocer la experiencia de Francia con respecto a sus participaciones internacionales y operaciones de paz.

 

 

 

 

 

 

Fuerte llamado a los funcionarios judiciales en casos de violencia sexual en contra de menores.

Existen sendos errores al momento de entrevistar a las víctimas, deben considerar las medidas necesarias para la prevención y atención especial de cara a la edad, estado de vulnerabilidad e indefensión, en atención a los derechos prevalentes. Ojo con las entrevistas deben ser en cámaras gesell, unificar los protocolos para las entrevistas, programas de capacitación para los entrevistadores y además los médicos legistas deben incorporar el estudio integral que abarque al menos: estado anatómico, funcional, estético, en su entorno personal, familiar, social, posibles daños físicos y psicológicos.

C.E sección 3ra. Sent. 20001233100020080026301 (42376). C.P. Ramiro Pazos.

 

Los menores de edad deben cumplir la pena en su totalidad.

Antes de la ley 1453 de 2011, los menores condenados por delitos graves y muy graves como homicidio, secuestro (…), permanecían privados de su libertad hasta los 21 años, pero con la ley de seguridad ciudadana

 

Establecimientos educativos deben garantizar permanencia de personas con discapacidad.

CN. Sent. T 581 de 2016, M.P Alberto Rojas.

 

Principio de oportunidad en el cohecho.

Ver el estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011, la ley 1778 de 2016 ley contra el soborno transnacional, los artículos 330 y 321 CPP y el comunicado del 1-12-2017 de la Fiscalía.

 

Libre desarrollo de la personalidad debe garantizarse al recluso y su entorno.

CN, Sent. T 560 de 2016.

 

La contraloría envía informe sobre cárceles a la CN.

Se sigue incumpliendo las Sentencias T 388, 762 del 2015, y se ve agravada la situación de hacinamiento, salud, visitas (…)

Comunicado 1-12-2017 Contraloría de Bogotá.

 

No indulto o amnistía para agentes estatales, es un tratamiento diferencial.

Ley 1820 de 2016.

 

Programa de protección de testigos, intervinientes y víctimas.

El ingreso a este programa y su ejecución está a cargo de la Fiscalía, y obedece a estudios de factibilidad, circunstancias específicas y procedencia de la petición, además del grado del riesgo, condiciones del solicitante, familia. T 355-2016 (requisitos) y T 511-2016, CN, M.P. Alejandro Linares

 

De las pruebas traídas de otro juicio y la imparcialidad

No se vulnera este principio, cuando en dos procesos penales, el material de prueba relevante se obtenga de manera parcial de otro proceso en donde se relacionan en uno y otro a las personas. CN Sent. SU 490/2016 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.

 

Retiro forzoso para empleados públicos

A los 70 años. Ley 1821/2016

 

Fasttrack.

Un nuevo término que hace carrera en lo jurídico, y se usada para describir que el acto, la decidan, entre otros, debe darse por vía rápida

 

Cambio de criterio de cara al agravante derivado de la confianza en el delito de hurto.

Este agravante en ningún caso debe presumirse, art. 241 No. 2 CP; pues debe probarse la relación personal de confianza entre el propietario, poseedor o tenedor y que el sujeto tenga contacto material con la cosa, este nuevo criterio se da en base al ajuste de un modelo de Estado social y democrático de derecho.

CSJ, SP. 145492016 (46032), oct.12-16 M.P José Francisco Acuña.

 

Resolución para aplicación de Principio de oportunidad. 2370-2016

 

 

Prohibición del artículo 60 del CST, se configura cuando el consumo de las sustancias afecta directamente el desempeño del trabajador.

CN. Comunicado Sent. C 636 nov. 17-2016. M.P. Alejandro Linares.

 

La infidelidad, las intermitencias temporales de hecho no desdibujan la comunidad de vida.

 

De cara al elemento de singularidad el cual es uno de los que constituye la unión marital de hecho, la Corte Suprema de Justicia aclara que el elemento monogamia solo es aplicable a la familia natural; sin embargo, no significa que las relaciones simultaneas de uno o varios cónyuges lo desdibuje, siendo así que la infidelidad no destruye el elemento singularidad en las uniones maritales de hecho.

CSJ SC 1517322016 DE OCTUBRE 24 DE 2016 MP Luis Armando Tolosa.

 

La custodia de los menores puede ser otorgada a cualquier persona que demuestre lazos estrechos de convivencia

Lo anterior significa la inexequibilidad “que acredite vinculo de consanguinidad” expresiones contenida en la ley 1709 de 2014, 65 de 1993, 599 del 2000 y ley 55 de 1985, de cara a la permanencia de los niños en los centros penitenciarios después de haber cumplido los tres años, en aras de entregárselo a un familiar. 

CN comunicado, sentencia C-569/2016 MP Alejandro Linares.

 

 

Extinguir acción penal por indemnización integral.

Al artículo 77 de la ley 906 de 2004 debe adicionársele lo del artículo 42 de la ley 600 de 2000, por principio de favorabilidad y justicia restaurativa.

CSJ SP 143062016 MP José Barcelo.

 

¿Qué es un Gutachtenstil?

Estilo de informe o dictamen en busca de solucionar por medio de un esquema argumentativo y sistemático de naturaleza inductiva y de forma silogística los casos prácticos planteados para evaluar el dominio de aspectos básico como principales del derecho, así como la capacidad de aplicar estas nociones frente a casos concretos de la vida real que exigen aplicación de categorías dogmáticas. Formación jurídica alemana.

 

Derecho a la intimidad solo puede ser restringido bajo circunstancias razonables y proporcionales a la luz del orden constitucional.

Las indagaciones privadas con fines comerciales o laborales no pueden afectar la intimidad.

CN, Comunicado, Sentencia C- 602 DEL 2016 MP Alejandro Linares  

 

 

 

 
 

Uso de menores para la comisión de delitos se configura, aun con la voluntad del menor.

El estado de vulnerabilidad y debilidad manifiesta les impide capacidad de obrar y obligarse estrictamente en decisiones que generan efectos jurídicos.

CSJ. SP 158702016 (44931) nov. 2 2016 M.P. Luis Antonio Hernández.

 

La víctima y su solicitud de medidas cautelares.

Las victimas después de la imputación pueden solicitar las medidas provisionales directamente ante el juez, siempre que se acredite su interés específico para obrar.

Las medidas son comiso, suspensión, cancelación de la personería jurídica, cierre temporal (establecimientos abiertos al público.

Lo anterior, es la exequibilidad condicionada del art 91 CPP “en cualquier momento después de presentada la acusación….”

CN. Comunicado sent. 603. Nov 2-2016 M.P Maria Victoria Calle.

 

Jueces nacionales deben acatar lo dispuesto por tribunales internacionales

Se ratifica la tesis con la que se busca evitar una doble indemnización por el mismo daño y una eventual infracción al debido proceso, en este orden de ideas el Alto tribunal afirmó que cuando la Corte IDH haya decidido previamente sobre la reparación directa a las víctimas, el Juez nacional deberá proponer la excepción de cosa Juzgada internacional, en observancia del artículo 9 de la Constitución  y los articulo 26 y 27 de la ley 32 de 1985, aprobatoria de la convención de Viena, mas aun cuando Colombia aceptó la competencia de la Corte IDH, reconociendo el carácter vinculante de las decisiones tomadas por el tribunal, siendo estas definitivas e inapelables.

 

Para el caso en concreto, por la desaparición forzada de una de las víctimas de la retoma del palacio de Justicia, la presunción de daños por concepto de lucro cesante comporta para el ponente una alteración a la carga de la prueba que resulta desproporcionada y en perjuicio del patrimonio público lo que a futuro obligaría al Estado Colombiano a indemnizar perjuicios inciertos y a los jueces el deber de asignar a las victimas recursos que podrían no corresponderles o que nunca acreditaron. (C.E, Secc.Tercera, Sent. 25000232600020080030601 (51743), sep.21/16, CP. Guillermo Sánchez).

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Published by Rodrigo Orlando Osorio Montoya
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  • Rodrigo Orlando Osorio Montoya
  • Abogado Penalista. Especialista en Cultura Politica, Pedagogía de los DDHH de la UNAULA, Magister en Derecho de la U. de M. Asesor, y Coordinador del área Penal FUNLAM.
Conjuez del Tribunal Superior de Medellin, Sala Penal.
  • Abogado Penalista. Especialista en Cultura Politica, Pedagogía de los DDHH de la UNAULA, Magister en Derecho de la U. de M. Asesor, y Coordinador del área Penal FUNLAM. Conjuez del Tribunal Superior de Medellin, Sala Penal.

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