Overblog Seguir este blog
Edit post Administration Create my blog
5 septiembre 2012 3 05 /09 /septiembre /2012 21:13

El Precedente Judicial en Materia Penal

RODRIGO O. OSORIO MONTOYA

 

CORTE SUPREMA ES JUEZ DE 2DA INSTANCIA DE CONGRESISTA QUE ALLAN RENUNCIADO A SU FUERO.

Csj, auto exp. 33054 enero 19 de 2011.

La corte suprema en su sala penal es juez de única instancia de funcionarios aforados, pero para los funcionarios que renunciaron a su fuero y recibieron sentencia condenatoria de juez de menor jerarquía, puede ser apelada ante el colegiado.

 

VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA RECEBIRAN AYUDA ESTATAL.

La ley 418 de 1997, no las incorporaba, vinculaba a los asociados con la violencia política y conflicto armado como homicidios y los atentados terroristas y secuestro, pero omitió la desaparición forzada, este vacío legislativo lo repara la corte constitucional.

 

CN Sent. C  914 nov. 16 de 2010 M.P Juan Carlos Henao.

 

LEY DE BENEFICIOS PARA DESMOVILIZADOS 2011

UNA SEMANA DESPUES que la CN en la sentencia C 936 de 2010 desautorizo el ppio de oportunidad para los desmovilizados no postulados en la ley de justicia y paz el gobierno ya tiene lista la ley 1424 del 2010 para darle continuidad a la justicia transicional.

Nuevos privilegios:

  1. Suspensión de ordenes de captura no de procesos como antes, porque los procesos penales deben continuar hasta su continuación.
  2. Solo opera para delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos de transmisores o receptores y porte ilegal de armas de uso privativo.
  3. Los que hayan cometido delitos como genocidio, homicidios desapariciones forzadas no tendrán derecho a beneficios.
  4. El desmovilizado debe revelar toda la información que posea.
  5. No puede haber cometido delitos dolosos después de su desmovilización.
  6. Debe repara los delitos cometidos

El beneficio es la suspensión condicional de la ejecución de la pena, tanto principale4s como accesorias, por un periodo equivalente a la mitad de la condena impuesta en la sentencia.

 

Ley 1424 de dic. 29 de 2010.

 

JUECES DE GARANTIAS PUEDEN AUTORIZAR PETICIONES PROBATORIAS DE LA DEFENSA.

Aunque la 906 no señala de manera expresa, los jueces tienen el deber de garantizar la igualdad de armas.

Los jueces de control de gtias están facultados para resolver las solicitudes que eleven el procesado y el defensor durante la etapa de investigación y cuando sea necesaria la orden que permita la recolección elementos probatorios y evidencias físicas e informes que estén bajo su poder.

CSJ sala penal auto exp. 35432 dic. 1 de 2010 M.P. Sigilfredo espinosa.

 

CONCIERTO PARA DELINQUIR PUEDE SER DELITO DE LESA HUMANIDAD.

Si los delitos acordados consisten en ataques indiscriminados y sistemáticos contra la población civil ajena al conflicto armado interno y protegida por el derecho internacional humanitario.

 

CSJ, Sala penal, Sent. 34482, Nov. 24/2010. M.P- María del Rosario González.

 

AGRAVANTE DE LA UNIDAD DOMESTICA.

La unidad domestica entre el condenado y la víctima, ley 1257 de 2008, elimino el agravante en el segundo grado de afinidad, pero consagra la amplitud del concepto unidad doméstica, pero la ley no la definió.

 

La Sent. Sí, es cualquier cercanía, donde se demuestre la convivencia y la relación afectiva y familiar entre el homicida y la víctima, así la familiaridad está compuesta por relaciones concretas.

Al igual la ley 1257, estaba destinada a proteger a las mujeres, pero la sentencia la amplia a los hombres, como sujetos de abusos domésticos.

CSJ, Sent. 34510 agosto 4 de 2010 MP. Augusto Ibáñez.

 

REBAJA DE PENA POR REPARACION INTEGRAL EN DELITOS DE PATRIMONIO ECONOMICO.

La ley 1121 del 2006 prohibió la concepción de beneficios para los delitos asociados con terrorismo, secuestro extorsivo, pero no que se le aplique los beneficios del art. 269 CP.

El secuestro extorsivo es un delito pluriofensivo, pero hace parte del patrimonio, no de la libertad individual, así la rebaja por reparación integral procede.

CSJ. Sent. 49479, agos. 10/10, MP Augusto Ibáñez

 

INTERCEPTACION DE LOS BLACKBERRY.

 

Mediante la figura de agente encubierto virtual, la recuperación de la navegación por Internet o una orden de policía judicial para la interceptación de correspondencia.

El pin del equipo es un numero asociado a cada tel, funciona por vía Internet y un servidor RIM-researh in motion- mediante el servicio de BIS-blackberry Internet service-, esto es que el servicio viaja fuera del país a algún servidor RIM, ósea fuera de Colombia, fuera de la jurisdicción.

El mensaje puede ser borrado de la maquina pero no del RIM, y podrá ser consultado por orden jcial de las autoridades. El equipo es altamente vulnerable.

Borrar registros: alt l g l g

Borrar registros.

(Ojo mirar sent. del juez del tolima.)

 

 

SE CAE EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD PARA DESMOVILIZADOS

 

La norma violaba la filosofía, propósito y alcance de esta figura jco procesal.

Se declaró inexequible el numeral 17 del art. 2 de la ley 1312 de 2009, que permitía la aplicación masiva del ppio de oportunidad a miembros de grupos armados al margen de la ley.

Se necesitaba que no cursaran en contra del favorecido procesos cometidos antes y después de la desmovilización con excepción de la pertenencia a la célula criminal. La manifestaciones inequívocas de reintegrase a la sociedad y que no fuera postulante a los beneficios de la ley 975 de 2005, de justicia y paz.

Esta justicia transaccional, previo en la 675 de 20065 condiciones de decir la verdad y reparaciones, así como la imposición de penas alternativas, con la posibilidad de la ordinaria si se incumplían los acuerdos, pero la 1312 autorizaba a la fiscalia para que renunciara  a la investigación y a los jueces de juzgar a los desmovilizados sin establecer condicionamientos específicos.

CN sent. C 936 Nov. 23 de 2010. M/P Luís Ernesto Vargas.

 

NEGAR DUPLICADOS DE CÉDULAS DE CIUDADANÍA A LA POBLACIÓN RECLUSA ATENTA CONTRA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IDENTIFICACIÓN: PREVALECE LA PERSONALIDAD JURÍDICA.Registraduría no puede negar la expedición del duplicado con exención del pago a detenidos que acrediten su adscripción al SiSBEN. Diez reclusos, a quienes la Registraduría Nacional de Estado Civil les negó la expedición del duplicado de la cédula de ciudadanía con exoneración del costo del documento de identidad por no demostrar su adscripción al SiSBEN, instauraron reclamo constitucional, con el fin de obtener el reconocimiento del derecho fundamental de identificación. En sede de revisión, la Corte Constitucional, luego de recalcar la especial relación de sujeción que tiene ésta población con el Estado, explicó que en razón de ello, éste debe asumir frente a los reclusos una serie de responsabilidades y tomar diversas iniciativas especiales, para contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia se les puede restringir como, para el presente caso, el derecho a la personalidad jurídica, sin perjuicio de lo atinente a la suspensión de los derechos políticos. Con base a ello y revisado el contenido de la Resolución 034 de 2008, expedida por la accionada, clarificó la corporación que si se exime de pago la expedición del duplicado de la cédula, por una sola vez, a la “población de los niveles 0, 1 y 2 del SiSBEN”, en aplicación del artículo 4º del acto administrativo mencionado, resulta obvio, que los actores vinculados al SiSBEN, se encuentran exentos de cobro para obtener el duplicado del documento de identidad y éste, cumplidos los demás requisitos, les debe ser expedido y entregado por la entidad accionada sin dilaciones injustificadas. Así las cosas, y considerando que dada la trascendencia jurídica de la cédula de ciudadanía, es deber del estado garantizar su oportuno trámite, expedición, renovación, rectificación y devolución, decidió la corporación ordenar la iniciación de los trámites y procedimientos necesarios para que entregue a los reclusos que acreditaron su adscripción, el duplicado motivo de reclamo.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-721, Bogotá, D. C., septiembre nueve (9) de dos mil diez (2010).

Referencia: expediente T-2652409

Acción de tutela instaurada por John Jairo García López y otros, contra la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Penal.

Magistrado Ponente:

Dr. NILSON PINILLA PINILLA.

 EL DERECHO A LA DEFENSA MOTIVÓ A QUE LA CORTE CONSTITUCIONAL GARANTIZARA LA PARTICIPACIÓN DEL ACUSADO EN AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN DE INVESTIGACIÓN. El artículo 333 del Código de Procedimiento Penal, expone que previa solicitud del fiscal, el juez de conocimiento citará para la audiencia donde se examinará la petición de preclusión, y una vez instalada, se le debe conceder el uso de la palabra al solicitante, es decir, al fiscal del caso, a efectos de que exponga su petición, con indicación de los elementos materiales probatorios y la evidencia física que sustentaron la imputación, y fundamentación de la causal incoada. La disposición también prevé que en la diligencia, el uso de la palabra le ha de ser concedido a la víctima, al agente del Ministerio Público y al defensor del imputado, en el evento en que quisieren oponerse a la petición del fiscal, limitando injustificadamente la intervención al acusado o a su defensor, para participar en el evento en que quisiera oponerse a la petición del fiscal, lo cual por obvias razones jamás ocurriría, excluyendo otros casos tales como cuando desee coadyuvar a la solicitud de la Fiscalía, alegar una causal de preclusión distinta de la planteada por la órgano investigador; y controvertir los argumentos de los demás intervinientes. El anterior raciocinio fue suficiente para la Corte Constitucional, quien comprobó la vulneración al derecho de defensa con la omisión plasmada por el legislador, decidiendo por tanto, declarar la inexequebilidad de la expresión “en el evento en que quisieren oponerse a la petición del fiscal”, por cuanto no busca la consecución de ningún fin constitucionalmente admisible. Sin lugar a dudas, permitirle a la defensa tan sólo una intervención, se constituye como una medida que no apunta a racionalizar un proceso penal de corte acusatorio, así como tampoco compone un rasgo definitorio o esencial de aquél, ni mucho menos atenta contra los derechos y las garantías de las demás partes e intervinientes en el proceso.

Corte Constitucional, Sentencia C 648 de 2010, Código de Procedimiento Penal: art. 333. Nota Jurisprudencial (Inexequebilidad). La solicitud de inexequebilidad, fue dirigida en contra de la expresión “en el evento en que quisieren oponerse a la petición del fiscal” contenida en el artículo 333 de la Ley 906 de 2004, por considerar que vulnera el derecho de defensa y el de igualdad, luego de sostener que la víctima en el proceso penal se encuentra en una situación “privilegiada” en el curso de la audiencia de petición de preclusión, en relación con el acusado, por cuanto, a diferencia de este último, sí puede exponer sus argumentos y pruebas, lo cual les estaría vedado a la defensa. Para la Corte Constitucional, sin lugar a dudas, permitirle a la defensa tan sólo una intervención limita,  excepcional y poco consecuente con su actuación en el curso de una audiencia de petición de preclusión razón por la cual decidió excluir dicha expresión del ordenamiento jurídico.

 

 

Restricción al principio de favorabilidad para delitos permanentes.

Con el fin de asegurar el ppio de la prevención general de la pena y la impunidad y los tratos discriminatorios.

En los delitos de ejecución instantánea se sigue conservando su poder vinculando.

Los delitos de ejecución permanente son aquellos  que se consuman en un lapso prolongado, hasta que se suspende la afectación al bien jurídico, su ejecución es continuada, no se agotan en un mismo instante y el daño al bien jco proviene del mismo sujeto activo, se diferencia del continuado porque este ultimo se le atribuye segmentación de la acción criminal y pluralidad de comportamientos similares que afectan un mismo bien jco de tal forma que existe unidad de designio criminal o unidad de propósito del delincuente.

Los de ejecución permanente son: desaparición forzada, secuestro, concierto para delinquir, etc.

Esta decisión se toma siguiendo los parámetros de los tribunales internacionales en DDHH, que han endurecido sus penas tratándose de estos delitos.

CSJ. Sala penal, sent. 31407, agosto 25 de 2010. MP. Maria del Rosario González.

 

APOYO DE LAS CORTES, A LOS ESTUDIANTES DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS. PODRÁN DEFENDER CASOS EN EL SISTEMA ACUSATORIO.

 

Aunque el Código de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004), nada dispuso sobre este tema. Este silencio, permitió que en algunos de los despachos judiciales, no se les permitiera a los estudiantes de derecho, adscritos a los consultorios jurídicos, ejercer la defensa de los procesados en materia Penal.

 

Sin embargo, el Sistema Nacional para la Defensora Publica (ley 941 de 2005), si permite que los estudiantes de derecho en virtud de sus prácticas de consultorio jurídico, asuman la defensa del procesado.

 

El Código de Procedimiento Penal actual y el anterior (ley 906 de 2004-ley 600 de 2000), permite a los estudiantes de de derecho asumir la defensa de las victimas dentro de los procesos penales, y no resulta razonable, dicen las cortes, negarles la defensa del procesado, si ya, cuentan con ella en la realidad. Pero, la Corte Suprema de Justicia, aclara que esta defensa se limita al ejercido, en procesos de competencia de los jueces penales municipales, tanto en función de conocimiento como de garantías y bajo la supervisión del personal académico de la Universidad. Además la universidad, debe suscribir un convenio con la Defensoría del Pueblo, para que sus estudiantes puedan comenzar sus prácticas como defensores en dichos procesos. (Artículo 14, ley 941 de 2005).

 

Tanto para la Corte Suprema de Justicia, como para la Corte Constitucional, la ley presume un mínimo de conocimientos en esta etapa de la carrera, que les faculta litigar en estas causas; por lo tanto, no se debe considerar, que en los procesos donde actuó un estudiante de consultorio jurídico, se encuentran permeados de una falta grave, que conlleve a  una causal de nulidad.

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; Sentencia 33752, octubre 20 de 2010, M.P Sigifredo Espinosa.

 

Cuando procede habeas corpus por vencimiento de términos.

La acción es improcedente para este caso, si existen otros mecanismos para solicitar la libertad como seria solicitar audiencia para demostrar que el termino esta vencido, pero puede suceder que el funcionario juez o fiscal no permitan que la audiencia se celebre, se trata de hechos ajenos a la voluntad del procesado o su defensa y hacen procedente la acción. Ver causales de libertad 317 CPP. C.S.J, Sent. 34737, agosto. 10/10 MP. Alfredo Gómez.

Los antecedentes penales no pueden ir en el certificado judicial.

Si la pena se pagó, el delito prescribió, por violación al habeas data, dcho. al trabajo a la igualdad no le pueden figurar en este.

C.S.J Sent 47546 mayo 4 del 2010, entre otras.,

 Plagio.

Es delito así no esté tipificado, del delito de la violación de los derechos morales del autor se puede extraer este. C.S.J, sala penal Sent 31403 mayo 28 de 2010 MP. Sigilfredo espinosa.

 

Adolescentes no tiene beneficios de rebaja de pena por aceptación de cargos.

La ley de infancia y adolescencia consagra otros beneficios por colaboración 1098/2006, C.S.J, sala penal, Sent. 33510 julio 7 del 2010, M.P julio Enrique Socha.

 

La falta de regulación local no es obstáculo para investigar delitos previstos en normas supranacionales.

El genocidio fue consagrado 12 años después de los hechos de Segovia, vulnerando el principio de legalidad y prohibición de las penas imprescriptibles.

Si existen tratados internacionales reconocidos por Colombia es posible adelantar las investigaciones y castigar a los responsables sin necesidad de normas locales.

Ojo. La intención de aniquilar un grupo humano ya por si solo es genocidio. C.S.J, auto 33118 mayo 13.10

 

Derecho a no incriminación de familiares no es excepción para admitir la pruebe de referencia.

Las declaraciones de los familiares hechas antes del juicio oral y no ratificadas en este no son prueba admisible dentro del proceso C.S.J Sent 32829 marzo 17-10 M.P Sigilfredo Espinoza.

 

Perjuicios morales no dependen de la gravedad de las lesiones.

Se deben reconocer estos perjuicios sin importar la gravedad de las lesiones, dado que estas no son prueba del perjuicio, si no criterio para graduar la indemnización.

CE. Sección 3ra Sent 17927 nov. 11-09 C.P Mauricio Fajardo

 

Tráfico de migrantes es delito de peligro abstracto.

La conducta ilícita se puede consumar antes del traspaso irregular del migrante.

 

Delito de peligro: aquel que se castiga antes de producirse el resultado querido, desde la antijuridicidad por la amenaza al bien jurídico, el peligro es todo estado anormal distinto a la costumbre.

 

Delito de peligro en abstracto: valorados anticipadamente por el legislador se caracterizan por la infracción a las normas administrativas.

Este delito de tráfico de migrantes vulnera la autonomía personal y la soberanía estatal.

C.S.J sent 32422 marzo 10-10 M.P julio E. Socha

 

Imputación por inasistencia alimentaria debe especificar si la víctima es o no menor de edad.

La fiscalía debe precisar el agravante en su acusación para que el juez no vulnere la congruencia y favorabilidad.

Se debe imputar completo el delito base, con la modalidad concreta, que es el sujeto pasivo del delito.

Si no se coloca la minoría de edad para sustentar el agravante el juez no puede condenar con el agravante por la minoría de edad.

El juez debe interpretar por favorabilidad que el acusado cometió el delito de la pena menor.

CSJ Sent, 33129 feb.24 de 2010, M.P Yesid Ramírez bastidas.

 

El objeto de la apelación debe quedar definido antes de sustentar el recurso por el opositor.

La apelación se sustenta ante el funcionario superior que deba resolver el recurso, sin embargo el apelante debe especificar que va a recurrir de la apelación, en la misma audiencia de primera instancia, sin que sea necesario por que apela.

Los jueces no pueden impedir que el apelante manifieste en concreto el punto en discordia. CSJ, Sent auto 33212, abril 12-10 MP. Sigilfredo espinosa.

 

Negar una extradición.

Sent 32568 feb. 17-10 M.P. José Leónidas Bustos C.S.J

 

 

Prescripción se puede declarar en el trámite de colisión de competencias.

Por razones de economía procesal y celeridad, en el auto que resuelve la colisión de competencias se puede declarar la prescripción penal.

L600 se llamaba colisión en ley 906 definiciones de competencia pero es lo mismo.

Son incidentes procesales.

No tiene razón resolver un conflicto de competencias de un delito que ya prescribió.

Auto 32905 nov. 11-09 M.P Alfredo Gómez Quintero.

 

Los jueces penales solo pueden ejecutar las multas disciplinarias.

No pueden ejecutar las penales, so lo las que impongan en relación a corregir, ver art, 143 de la 906 auto exp. 29640 nov. 18-09 C.S.J.

 

Concierto para delinquir.

Es un delito de peligro y no de resultado, se consuma con el simple acuerdo para cometer delitos, sin importar que estos se consumen o no, la antijuridicidad de un hecho punible puede ser producto de una lesión efectiva a un bien jurídico o de su simple puesta en peligro. C.S.J Sent. 28779 dic. 9-09

 

Habeas corpus.

Ley estatutaria 1095 de 2006.

En la prolongación ilícita de la libertad se deban considerar varios supuestos el primero es con la flagrancia y no se pone a disposición de la autoridad competente dentro de las 36 horas a su captura, el otro es cuando la autoridad competente mantenga privada de la libertad después de haber sido ordenada su libertad por orden judicial.

La otra es cuando una persona privada de su libertad lo está por términos superiores a los fijados por la ley o se omite resolver dentro de los términos las solicitudes de libertad por quien tiene derecho.

 

Rebaja de pena por reparación aplica así hallan antecedentes penales.

Los que indemnicen integralmente a su víctima en delitos contra el patrimonio económico tendrán dcho. A la rebaja de su pena aunque cuenten con antecedentes penales.

La prohibición de conceder beneficios cuando la persona tenga antecedentes penales que impone la ley 1142-07, ley de convivencia y seguridad ciudadana, habla es de la concesión de subrogados penales cuando se cuente con antecedentes, esto es lo contenidos en el art 68 A, C.P, esta prohibición se restringe a los mecanismos sustitutivos de la privación de la libertad. CSJ, sent. 31568 oct. 28-09 M.P. Alfredo Gómez quintero.

 

Allanamientos y registros excepcionales requieren revisión de juez de control de garantías.

Este tipo de allanamientos y registros no necesitan orden previa de un fiscal, deben someterse a estudio posterior ante juez de garantías, condición de Exequibilidad por parte de la corte Const. Al art 230 de la ley 906.

La disposición autoriza a la policía judicial para practicar registros y allanamientos sin orden escrita del fiscal cuando el propietario o poseedor del inmueble afectado con la diligencia aceptan voluntariamente la intervención policial, el juez de control de g. deberá revisar el consentimiento, que fue libre y expreso o fruto de un acto arbitrario y o abusivo.

En garantía de los derechos a la inviolabilidad del domicilio e intimidad.

CN. Comunicado Sent. C-806 nov. 11 de 2009. M.P maría victoria calle.

 

Las concentrada el valida.

La costumbre es fuente de derecho en penal, estas audiencias no están consagradas expresamente en la ley 906, pero la experiencia ha sido exitosa, la concentrada, las tres audiencias se deben dar dentro de las 36 horas posteriores a la captura, con el fin de evitar la prolongación ilícita de la libertad.

Esto llena el vacío legal del no término para definir la situación jurídica.

Los jueces no pueden ordenar la libertad salvo que el posible delito no procede una medida de aseguramiento privativa de libertad.

Legaliza la captura el juez de control donde se produjo y demás actos por el de donde se cometió el delito, esto es si la imposibilidad  geográfica no lo impide. C.S.J Auto 32634 oct. 1-09 MP. Alfredo Gómez Quintero.

 

La justicia penal no puede ser obtenida a cualquier precio.

Para suplir una declaración la fiscalía introdujo la grabación de la entrevista que se había sostenido con la policía, tras la prohibición de la admisión de prueba de referencia, solo se admite si su confiabilidad es manifiesta. (Estado de Washington US), prueba de referencia, el procesado tiene la facultad de confrontar los testigos en su contra, concepto desde los tiempos del derecho romano, tradición jurídica del Common Law, los procesados en los juicios pueden encarar a los testigos en vivo y en directo como marco del sistema penal adversativo.

A menos que el testigo no estuviera disponible pero que el procesado hubiese tenido la oportunidad de contra interrogar.

La confiabilidad de la prueba testimonial es atreves del interrogatorio cruzado de los testigos.

Si el testimonio no asa por el crisol del contra interrogatorio un manto de duda caerá sobre él.

Caso Crawford v. Washington

Coautoría impropia.

Elementos.

Determinar la importancia del aporte en el delito, el aporte debe ser material no moral o espiritual como se dijo en la sentencia 19213 de 2003.

C.S.J sala penal, sent 29221 sep. 2 del 09, MP Yesit Ramírez bastidas

 

Fiscalía no puede apelar si el fallo colmo sus pretensiones procesales.

Si esto pasa, el fiscal pierde el interés para recurrir el fallo, si se concede el derecho al recurso se vulnera el D. proceso C.S.J, sala penal sent. 25754 julio 1-09 MP José Leónidas Bustos.

Inexequible aparte del Código de la Infancia que establecía las etapas del proceso penal contra menores sorprendidos en flagrancia

Que el actual Código de la Infancia no fije la posibilidad de que los menores procesados y su defensa conozcan el escrito de acusación formulado por el fiscal ni que puedan contradecir los alegatos contenidos en dicho escrito es una clara vulneración del derecho de defensa y contradicción de los menores de edad sorprendidos en flagrancia y desnaturaliza la presunción de inocencia. Así lo señaló la Corte Constitucional al declarar inexequible la expresión “Por solicitud del fiscal, la cual contendrá la acusación, el juez de control de garantías enviará la actuación al juez de conocimiento para que este cite a audiencia de juicio oral dentro de los 10 días hábiles siguientes”, contenida en el artículo 191 de la Ley 1098 del 2006. A juicio de la corte, la omisión en la norma de las etapas previstas en el procedimiento penal, como las audiencias de imputación, acusación y preparatoria, no implica un desconocimiento del debido proceso, porque el legislador puede configurar reglas procesales especiales. No obstante ello, si existe una vulneración al debido proceso al pretermitir mecanismos de defensa y contradicción al defensor y al menor procesado.

Corte Constitucional, Sentencia C-684, 30/9/2009

 

Celebración de audiencias concentradas, término para imputar una vez es legalizada una captura

En reciente auto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, señaló que si bien la celebración de audiencias concentradas (legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de mediad de aseguramiento), no se encuentra regulada o normada en el actual esquema procesal penal (L. 906/2004), su reiterada práctica demuestra las bondades de su realización. No obstante lo anterior, tal pronunciamiento sirvió para que la Corte analizara el término con el cual cuenta la Fiscalía para formular imputación, una vez es legalizada la captura, pues es este uno de los principales vacíos de nuestro sistema acusatorio. Para resolver este interrogante señaló la corporación que el ente acusador debe formular imputación, inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia, después de haber legalizado la captura. El principal argumento para tomar esta determinación —entre otros— es que una vez se efectúa la captura, por cualquiera de sus torrentes: orden de captura, flagrancia, etc., en cualquiera de tales eventos la Fiscalía ya debe contar con elementos suficientes para elevar su solicitud de formulación de imputación y como consecuencia de ello, solicitar la imposición de una medida de aseguramiento si hay lugar a ello.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 32634, 1/10/2009

 

CN condiciona norma que permite el rescate de menores por allanamiento.

El artículo 106, que les permite a los defensores y comisarios de familia que les permite rescatar a los menores de edad que se encuentren en peligro y faculta para allanar el sitio donde este el menor cuando se le niega el ingreso o no allá nadie para que lo facilite. La norma no viola la constitución por buscar garantizar un derecho superior, ojo que la norma no permite arbitrariedades en el allanamiento. No existe inviolabilidad del domicilio CN Sent c 256 mar.1108

 

 

Libertad del capturado debe definirse 36 horas posteriores a su captura

Las 36 horas no son para solicitar la audiencia si no para que el juez defina la legalidad de la captura Sent C 163 feb. 20.08 CN

 

INPEC debe organizar el trabajo para la redención de pena de prisión domiciliaria.

Los condenados que estén detenidos en sus casas pueden dirimir por trabajo estudio o enseñanza, al igual que los de los centros de reclusión.

Los trabajos deben estar ajustados a las normas de límite de tiempo y derechos del trabajador.

C.S.J sent.31383 abril 1 del 2009 M.P José bustos.

 

Del peculado por aplicación oficial diferente.

Rebaja de penas:

Para muchos no existe reducción punitiva tratándose de este delito fuera de la buena conducta anterior, dado que sobre el objeto material de esta conducta no recae el mal uso,  daño, perdida, extravió o apropiación, de manera que en este tipo penal no hay nada que se deba hacer cesar, daño a reparar o patrimonio a reintegrar.

Sin embargo la reducción punitiva recae es sobre la voluntad del sujeto activo de tratar de disminuir al máximo los perjuicios ocasionados al tesoro público.

A aunque no existe una sustracción del bien público pero si un destino diferente al que ha trazado la ley según unas necesidades concebidas inicialmente por el ejecutivo y regladas por el legislativo.

Por ello en este delito se ocasiono un perjuicio real al sector económico que debía ser atendido con esos recursos que se tomó para atender otro sector, se puede disminuir la pena entonces reintegrando los recursos, suma equivalente a la desviada.

CSJ, Sala Penal, sent. 16778 M.P. Mariana Pulido de Barón. Abril 8 203.

Atipicidad.

El ente acusador debe demostrar el elemento normativo a teniente al perjuicio real y efectivo, que se realizó al sector donde no llego la partida económica.

Ej. Si a un alcalde se le prueba que afecto una partida presupuestal destinándola para otra cosa, se debe probar que esos rublos estaban específicamente destinados en una norma o reglamento.

También existe atipicidad y advierte la corte que no es que allá sido despenalizada en los siguientes aspectos:

“cuando la conducta del agente este destinada a favorecer la inversión social, el pago de salarios, cesantías o prestaciones sociales.”

Por justas razones en un estado social de derecho interesa más el bienestar social sobre lo estipulado por la norma y si el agente ve la necesidad imperiosa de destinar a si sea contrario a lo ordenado normativamente para favorecer un tema social y no se causa mayor afectación al otro no hay lugar a predicar una sanción al sujeto infractor.

14 de nov. 2002, rad. 17135, 18 oct. de 2005 rad. 24399.

El tipo penal protege es la correcta administración del erario en todos sus niveles, pero la ordenación del presupuesto es de origen eminentemente legal, el agente puede observar el desmedro en lo social y favorece este con la desviación, existe una atipicidad de la conducta, porque desde la misma constitución en su parte normativa como en los principios orientadores y vinculantes del preámbulo exigen que el aspecto social prima sobre el legal o normativo, dado que si atendiéramos con prioridad a este para aplicar el tipo penal estaríamos enmarcando el proceso penal en los lineamientos del estado de derecho, no en el social de derecho.

Teoría de la adecuación social.

Una conducta es típica cuando además de reunir los elementos tradicionales del tipo penal objetivo, es socialmente relevante, es decir se afecta con ella la relación del hombre con su entorno o mundo circundante y las consecuencias de su actuación alcanzan este último.

Niveles para adecuar la conducta punible.

Un primer nivel es la adecuación social, pues el legislador tipifica una conducta si le es dañina a la sociedad, los comportamientos que ofenden a esta.

El rechazo por parte de un legislador de un comportamiento es porque la sociedad lo veta.

El segundo nivel es de adecuación social que compromete la interpretación del intérprete.

No es predicable la tipicidad de una conducta que a pesar de estar definida en la ley como típica reviste escasa gravedad, constituye un riesgo jurídicamente irrelevante o aprobado socialmente, sea modesta o irrite su penalización.

CSJ, sala penal, mayo 20 de 2003 rad. 16636 MP Álvaro O. Pérez pinzón.

De esta forma ataca la antijuridicidad.

 

Corte suprema restringe procesos de extradición de procesados bajo justicia y paz.

La corte siempre ha tenido en cuenta los derechos fundamentales de los procesados, hoy en especial hace un reconocimiento a los derechos de las víctimas, sea tenido en cuenta que los ya extraditados han tenido impedimento para confesar los crimines de lesa humanidad.

Procede la extradición si el procesado, no confiese sus crímenes.

No repare a sus víctimas.

Que sea excluido de la aplicación de la ley.

Que sea absuelto por los delitos que se le imputan en Colombia.

Que incumpla los compromisos de la pena alternativa.

 

La aceptación de imputaciones debe ser total en justicia y paz.

La confesión entonces debe ser total, la obligación de los desmovilizados es contar todos sus crímenes cometidos con ocasión a su militancia en el grupo armado ilegal, así allá aceptado cargos de imputaciones parciales, la imputación parcial y su aceptación pretende es agilizar los procesos y garantizar la reparación de las víctimas no evitarle a los desmovilizados la confesión total, si no lo hacen deben ser excluidos de justicia y paz y los beneficios en sentencias previas puede ser revocados.

CSJ,  Sent 31582 mayo 22.09 MP María del rosario González.

 

El ppio de publicidad del sistema acusatorio puede restringirse.

El director de la audiencia puede decidir la no entrada de los medios y comunidad para que no se vea afectado el derecho a la integridad de los que participan en ella. C.S.J sent. T 43391 agosto. 12-09 M.P Alfredo Gómez quintero.

 

Desmovilizados.

De acuerdo con la sala de casación penal de la C.S.J, los delitos cometidos con violación de DDHH, son delitos de lesa humanidad, esto abre la posibilidad que a los paramilitares acogidos o no a justicia y paz los cobije la corte penal internacional si la justicia interna no cumple con la obligación de sancionar por estos delitos como debe o los deja en la impunidad.

 

El abandono de menores se tipifica si el abandonado es menor de 18 años.

Para la corte los adolescentes al igual que los niños están expuestos al abandono, mendicidad, delincuencia, maltrato, esto cambia el art. 127 del CP, que señala 12 años.

CN Sent. C 468 julio 15 de 2009 MP Gabriel Mendoza Martelo.

 

Exoneración de responsabilidad en la injuria y la calumnia.

Si se revela información veraz sobre personas que hayan sido absueltas judicialmente o se halla decretado preclusión de la investigación o cesación del procedimiento, no responderán por ninguno de estos dos delitos, dado quien según la corte constitucional y la corte interamericana de DDHH, es preferente el derecho a la información sobre el de la honra y buen nombre.

Inexequible el numeral 1 del artículo 224 CP, CN, Sent C 417 junio 26 de 2009 MP Juan Carlos Henao.

Eutanasia. Vs homicidio por piedad

1997, la CN, la acepto pero la activa, ordenando al congreso reglamentarla, fin 2007, no se hizo.

Sent, C 239 del 20 mayo.07, si el sujeto activo es médico y actuara bajo la aquiescencia e informada del paciente terminal, la conducta estaría justificada, el problema es que el médico se expone a ser investigado por homicidio por piedad, por eso la urgente regulación.

Nada tan cruel como obligar a una persona a subsistir en medio de padecimientos oprobiosos, en nombre de creencias ajenas.

 

Recibir regalos por actuación oficial cumplida no es cohecho impropio.

El delito existe si el funcionario lo recibe antes de su decisión o simultáneamente, lo relevante en la tipificación es el tiempo de la entrega de la dadiva.

CSJ Sent. 23924 mayo 6 2009 Jorge Luis quintero.

 

Celebrar contrato verbal no excluye de responsabilidad al servidor público.

Si se celebra contrato verbal cuando las reglas de contratación lo exigen por escrito el servidor p. Responde por el delito de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.

CSJ sent. 30512 mayo 13 09 M.P Augusto Ibanez.

 

Cualquier fiscal puede iniciar la investigación sin importar el lugar de los hechos.

La puede iniciar salvo los fueros legales o restricciones, dado que las reglas de competencia, por factores como el territorial o el funcional no existen limitaciones en la investigación. CSJ Sent. 31635 22 de abril 2009 M.P Sigilfredo espinosa.

 

Usura.

Este delito es instantáneo o permanente, por producirse en lapsos cortos o largos, intereses altos por mutuo o compraventa, es de ejecución permanente, la caducidad de la querella se cuenta a partir que la víctima pago su última cuota, el pago anticipado no lo convierte en un delito de ejecución instantánea, la victima debe aceptar los intereses excesivos por estado de necesidad no por mera liberalidad C.S.J, Sent 309 mayo 21-09 M.P Sigilfredo espinosa.

 

Indiciado y defensa `pueden asistir al control de legalidad de las actuaciones de la fiscalía.

Durante etapas de investigación preliminar e indagación, la defensa no es activa solo a partir de la imputación como lo afirma art 8 CPP, Sent c799-2005. CN Sent c025 enero 27-09 M.P Rodrigo escobar.

 

Nulidad sino se permiten alegatos de conclusión a menos que se halla allanado.

La nulidad del proceso es causal en casación si no se permitieron los alegatos de conclusión C.S.J abril 29-09 M.P William Namen.

 

Sistema de vigilancia electrónica.

No aplica para menores de edad 14 a 18 años, o desmovilizados de justicia y paz, también se aplicara en Antioquia, Buga, Cali, Cundinamarca Manizales Medellín, Pereira santa rosa de Viterbo y Tunja. Dto. 1316 min. Interior abril 17-09

 

Normas inconstitucionales pueden seguir teniendo efecto si son favorables al procesado.

CN.

 

Jueces no pueden modificar preacuerdos.

El control de legalidad solo puede ser de 2 formas aprobación o rechaza, por alterar el equilibrio procesal C.S.J sent 29979 oct. 27-08 julio Enrique Socha

Compartir este post

Repost 0
Published by Rodrigo Orlando Osorio Montoya
Comenta este artículo

Comentarios

Présentation

  • : laseguridaddemocraticaencolombia2002-2010.over-blog.es
  • Contacto

Perfil

  • Rodrigo Orlando Osorio Montoya
  • Abogado Penalista. Especialista en Cultura Politica, Pedagogía de los DDHH de la UNAULA, Magister en Derecho de la U. de M. Asesor, y Coordinador del área Penal FUNLAM.
Conjuez del Tribunal Superior de Medellin, Sala Penal.
  • Abogado Penalista. Especialista en Cultura Politica, Pedagogía de los DDHH de la UNAULA, Magister en Derecho de la U. de M. Asesor, y Coordinador del área Penal FUNLAM. Conjuez del Tribunal Superior de Medellin, Sala Penal.

Recherche

Páginas

Liens