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5 septiembre 2012 3 05 /09 /septiembre /2012 21:15

El Precedente Judicial en Materia Penal

RODRIGO O. OSORIO MONTOYA

 

Detención preventiva ¿excepción?

A pesar que en el sistema acusatorio la libertad es un punto central, la medida restrictiva de la libertad parece que es la regla como un rezago del sistema inquisitivo. Articulo 2 CPP.

La frase “en Colombia a nadie se le niega un auto de detención” es máxima o cuasi principio en este país, de disvalores judiciales.

Solo cuando la detención preventiva se hace necesaria y urgente no vulnera un verdadero principio como es el de la presunción de inocencia, se debe examinar que la victima realmente sea un peligro para la sociedad, para las víctimas y que fundadamente se llegue a la conclusión que no comparecerá al proceso, es por ello que algunos piensan que la medida es inconstitucional si no cumple con los presupuestos anteriores por contradecir los presupuestos de la presunción de inocencia, pues decirle que lo creemos inocente pero que sin embargo lo detenemos es un acto contradictorio.

El sistema acusatorio es amplio en el tratamiento de las medidas de aseguramiento, sin embargo en el proceso solo se ve una como posible: privación de la libertad en centro penitenciario.

Ejemplo.

Art. 307CPP: intramural preventiva, domiciliaria, sometimiento a vigilancia electrónica, vigilancia personal o institucional, presentaciones periódicas, prohibición a salir del país, de la residencia de 6 pm a 6 am, comunicarse con víctimas o testigos, concurrir a determinados lugares y caución.

La ley de seguridad ciudadana enfatiza el requisito de peligro para la comunidad, la ley a todos nos cree potencialmente peligrosos, además de querer detener preventivamente a todo procesado, es una ley de derecho penal de autor desvirtuando el derecho penal de acto de un estado social de derecho.

El gobierno le abre ala puerta a las múltiples demandas contra el estado que es rara que se pierdan.

 

Desmovilizado que no confiese todos sus delitos se le anulara el proceso.

La corte suprema exigió a la fiscalía más rigor investigativo y a los procesados por justicia y paz compromiso con la verdad.

La corte dispuso que si los procesados no confiesan la totalidad de sus crímenes o sus versiones no sean veraces deban anularse.

En la justicia transicional no pueden imputarse delitos que no se reconozcan por el procesado de manera total y con la verdad.

La confección total y veraz no es un simple requisito de ley o sustancial, es una exigencia formal para que la fiscalía formule la imputación y una garantía para las víctimas.

Justicia y paz en el limbo. Es cuestionable el éxito y el futuro de la figura de la justicia transicional en el país.

Exclusiones de justicia y paz.

Archivo de la investigación por atipicidad

Desistimiento del desmovilizado de continuar en justicia y paz

Preclusión. Iguales causas del CPP

Exclusión. Según disposiciones judiciales por incumplimiento de sus deberes como desmovilizado.

CSJ, sala Penal, auto, exp. 34423, agosto 23-11 M.P José Leónidas Bustos.

sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

Expediente 11001 03 15 000 2011 00455 de 2011

2011-06-09

Vía de hecho. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

  

Bogotá D.C., nuevo (9) de junio de dos mil once (2011)

CONSEJERA PONENTE (E): SUSANA BUITRAGO VALENCIA

Radicación No. 11001-03-15-000-2011-00455-00

Actor: Claudio Ramiro Naranjo Figueroa y otros   

Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba y Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Montería

Acción de tutela - fallo

 

ACEPTAR LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES SO PRETEXTO DE PERSEGUIR EL AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES DESCONOCE EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y OTROS. La Sala ha insistido en que las decisiones contenidas en providencias judiciales no pueden cuestionarse dentro del procedimiento breve y sumario establecido para la acción de tutela por la autonomía que respalda a los jueces que las profieren y por la vigencia de los procedimientos judiciales genuinos establecidos en el ordenamiento jurídico para controvertirlas. Así las cosas, se niega la procedencia de la tutela para proteger los supuestos derechos vulnerados por la entidad jurídica demanda que negó las pretensiones de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho que promovieron contra la Gobernación de Córdoba. M. P. Susana Buitrago Valencia. Documento Disponible al Público Septiembre de 2011. Temas: Principio de Autonomía. Perjuicio Irremediable. Garantías Constitucionales. Rechaza.

 

CREDITAR EL REQUISITO DE SABER LEER Y ESCRIBIR PARA OBTENER LICENCIA DE CONDUCCIÓN, NO RESTRINGE EL DERECHO A LA LIBRE LOCOMOCIÓN. Concluye la Sala que la medida cuestionada, es decir, el artículo tercero de la Ley 1397 de 2010, al exigir como requisito saber leer y escribir no ofrece en términos generales un tratamiento manifiestamente desproporcionado a quienes no saben, ni limita excesivamente su derecho a la libre locomoción, lo anterior debido a que la actividad de conducir un vehículo automotor no es un derecho y a que el legislador puede establecer limitaciones razonables y proporcionadas a la libertad de locomoción cuando se trata de salvaguardar intereses y valores superiores, lo anterior , aunado a que la medida además de concurrir a garantizar la seguridad de quien conduce y la de las demás personas, contribuye para que la condición de analfabeta no se perpetúe en el tiempo. CORTE CONSTITUCIONAL

 COMUNICADO DE PRENSA 36

 (Septiembre 7 de 2011)

 

En justicia y paz se puede declarar la muerte presunta de las víctimas.

Procede cuando se impute el delito de desaparición forzada, en concurso con homicidio, la fecha de la muerte será a partir de la desaparición, por postulado de la 975.

CSJ,  Sent. 36163, mayo 26/11 M.P Alfredo Gómez Quintero.

 

Acción de revisión procede a favor de condenado por justicia ordinaria siendo menor de edad.

Los menores solo pueden ser juzgados por la justicia especializada para adolescentes, en caso de ser juzgados y condenados por la ordinaria la sentencia puede anularse mediante acción de revisión.

La acción de revisión procede en el caso de aparición de nuevas pruebas que demuestren la inocencia.

El mayor de 14 años es sujeto de responsabilidad penal pero bajo su justicia especializada. El caso fue que el fiscal y el juez adelantaron un procedimiento y nunca se dieron cuenta que era menor de edad.

CSJ auto exp. 35681 junio 29, MP Julio Enrique Socha.

 

Santofimio.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

 

Proceso n. º 31761

 

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil once (2011)

Magistrado Ponente

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

Aprobado acta N° 311

 

Homicidios con fines terroristas, causados en las personas de Luis Carlos Galán Sarmiento, Santiago Cuervo Jiménez y Julio César Peñalosa Sánchez.

 

Ejecuciones extra judiciales.

Los hechos no son desconocidos: miembros de las FFMM asesinan civiles los visten de militares y los exhiben como delincuentes caídos en combate, y reciben premios por sus triunfos. La sentencia innova en materia probatoria, por ser estos procesos difíciles de probar, este tipo de procesos se demuestran por indiciaria que es la prueba indirecta por excelencia.

Impunidad 98%. C.E sección 3ra Sent. 20115 abril 14/11 C.P Stella Conto Díaz del Castillo

 

CONDENADOS POR DELITOS CONTRA LA DMINISTRACION PUBLICA NO VIGILANCIA ELECTRONICA.

La ley de seguridad ciudadana, 1453/11, la corte se basa en que es un delito muy grave, por afectar la trasparencia de la función pública, aunque la ley objetivamente lo permite, la corte definió que se debe valorar el elemento subjetivo respecto de la gravedad del delito.

CSJ. Sent.  36926 julio 22/11 M.P Alfredo Gómez Quintero.

 

PORQUE SE PIERDEN LOS BENEFICIOS DE UN DESMOVILIZADO.

Decreto 2601/11.

Si son condenados por delitos dolosos con posterioridad a la desmovilización.

Si son condenados por delitos diferentes a los contenidos en la ley 1424, en ocasión a su pertenencia al grupo ilegal.

Si incumplen las actividades de servicio social.

Por no participar en el centro de memoria histórica.

Por negarse a indemnizar, teniendo como.

Por su mala conducta.

 

 

LA ORDEN DE CAPTURA NO ES TUTELABLE. En este el Tribunal Superior del Distrito Judicial recordó que la orden de captura se ordenó como consecuencia de una medida de aseguramiento y no al margen de esta. De suerte que para obtener su cancelación, como lo pretende el actor a través de la acción de tutela, tendrá que obtenerse la revocatoria de la resolución por medio de la cual se definió la situación jurídica del procesado, posibilidad para la que la ley contempla los recursos ordinarios de reposición y apelación los cuales no han sido utilizados por el actor por lo que la acción de tutela debe negarse. Niega. M.P. Carlos Héctor Tamayo Medina Documento Disponible el Público en Julio de 2010. Temas: Omisión. Medida de Aseguramiento. Recurso de Reposición. Recurso de Apelación. Bonificaciones. Contrato Laboral.

Expediente 11001 22 04 000 2010 00620 de 2010

 

PODRÍA SER INCONSTITUCIONAL QUE LA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN TENGA DOBLE INSTANCIA. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 286, 288, 8, 20 y 177 de la Ley 906 de 2004. Se demandó la totalidad de los artículos mencionados, toda vez que estos según el demandante, vulneran la Constitución e impiden que la formulación de la imputación, cumpla sus fines de manera justa y clara, frente al presunto infractor de la ley penal, el derecho de las víctimas y la sociedad, pues al considerarse sólo un acto de mera comunicación por parte de la Fiscalía, obvia los yerros que esta pueda estar cometiendo al ajustar la situación fáctica con la jurídica. Aun cuando no existe disposición expresa que prohíba interponer recurso de apelación en contra de la formulación de imputación, está excluida de manera tácita del ordenamiento jurídico, y si bien, el indiciado tiene la facultad de allanarse o no a la imputación que realiza el ente investigador, ajustada o no a derecho, y no se cuenta con elementos jurídicos necesarios, para desvirtuar el error en que incurre la Fiscalía al imputar lo indebido las victimas desde su perspectiva también quedan desamparadas en pro de su verdad, justicia y reparación, así mismo, la sociedad representada por el Ministerio Público. De otra parte el principio de celeridad, puede verse afectado al permitir que la formulación de imputación tenga doble instancia, contraponiéndose a los demás principios que salva guardan el Sistema Penal Acusatorio, cuál de ellos han de sacrificarse para permitir que la administración de justicia cumpla sus fines. Demandante: Carlos Alberto Álzate Giraldo. Fecha para Comentarios al Público Hasta el 30 de Septiembre de 2010. Documento Disponible al Público en Septiembre de 2010. Temas: Respeto de la Dignidad Humana. Buen Nombre. Debido Proceso Público.

Sentencia T 566 Expediente T 2603032 de 2010

Ley 1410 de 2010

Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte”, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el Vigésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. (Diario Oficial 47831 Septiembre 13 de 2010)

La falta de regulación local no es obstáculo para investigar delitos previstos en normas supranacionales.

El genocidio fue consagrado 12 años después de los hechos de Segovia, vulnerando el principio de legalidad y prohibición de las penas imprescriptibles.

Si existen tratados internacionales reconocidos por Colombia es posible adelantar las investigaciones y castigar a los responsables sin necesidad de normas locales.

Ojo. La intención de aniquilar un grupo humano ya por si solo es genocidio. Csj, auto 33118 mayo 13.10

Derecho a no incriminación de familiares no es excepción para admitir la pruebe de referencia.

Las declaraciones de los familiares hechas antes del juicio oral y no ratificadas en este no son prueba admisible dentro del proceso C.S.J Sent. 32829 marzo 17-10 M.P. Sigifredo Espinoza.

 

Perjuicios morales no dependen de la gravedad de las lesiones.

Se deben reconocer estos perjuicios sin importar la gravedad de las lesiones, dado que estas no son prueba del perjuicio, si no criterio para graduar la indemnización.

CE. Sección 3ra sent 17927 nov 11-09 C.P Mauricio Fajardo

 

Trafico de migrantes es delito de peligro abstracto.

La conducta ilícita se puede consumar antes del traspaso irregular del migrante.

Delito de peligro: aquel que se castiga antes de producirse el resultado querido, desde la antijuridicidad por la amenaza al bien jco, el peligro es todo estado anormal distinto a la costumbre.

Delito de peligro en abstracto: valorados anticipadamente por el legislador se caracterizan por las infracciones a las normas administrativas.

Este delito de tráfico de migrantes vulnera la autonomía personal y la soberanía estatal.

Csj sent 32422 marzo 10-10 mp julio E. Socha

 

Imputación por inasistencia alimentaria debe especificar si la victima es o no menor de edad.

La fiscalía debe precisar el agravante en su acusación para que el juez no vulnere la congruencia y favorabilidad.

Se debe imputar completo el delito base, con la modalidad concreta, que es el sujeto activo del delito.

Si no se coloca la minoría de edad para sustentar el agravante el juez no puede condenar con el agravante por la minoría de edad.

El juez debe interpretar por favorabilidad que el acusado cometió el delito de la pena menor.

CSJ sent, 33129 feb.24 de 2010, mp Yesid Ramírez bastidas.

El objeto de la apelación debe quedar definido antes de sustentar el recurso por el opositor.

La apelación se sustenta ante el funcionario superior que deba resolver el recurso, sin embargo el apelante debe especificar que va a recurrir de la apelación, en la misma audiencia de primera instancia, sin que sea necesario por que apela.

Los jueces no pueden impedir que el apelante manifieste en concreto el punto en discordia. CSJ, sent auto 33212, abril 12-10 MP. Sigifredo espinosa.

 

Negar una extradición.

Sent 32568 feb 17-10 mp. José Leónidas Bustos csj

 

Prescripción se puede declarar en el trámite de colisión de competencias.

Por razones de economía procesal y celeridad, en el auto que resuelve la colisión de competencias se puede declarar la prescripción penal.

L600 se llamaba colisión en ley 906 definiciones de competencia pero es lo mismo.

Son incidentes procesales.

No tiene razón resolver un conflicto de competencias de un delito que ya prescribió.

Auto 32905 nov 11-09 mp Alfredo Gómez Quintero.

 

 Los jueces penales solo pueden ejecutar las multas disciplinarias.

No pueden ejecutar las penales, solo las que impongan en relación a corregir, ver art, 143 de la 906 auto exp. 29640 nov 18-09 csj.

 

Concierto para delinquir.

Es un delito de peligro y no de resultado, se consuma con el simple acuerdo para cometer delitos, sin importar que estos se consumen o no, la antijuridicidad de un hecho punible puede ser producto de una lesión efectiva a un bien jurídico o de su simple puesta en peligro. Csj sent. 28779 dic 9-09

 

Habeas corpus.

Ley estatutaria 1095 de 2006.

En la prolongación ilícita de la libertad se deban considerar varios supuestos el primero es con la flagrancia y no se pone a disposición de la autoridad competente dentro de las 36 horas a su captura, el otro es cuando la autoridad competente mantenga privada de la libertad después de haber sido ordenada su libertad por orden judicial.

La otra es cuando una persona privada de su libertad lo esta por términos superiores a los fijados por la ley o se omite resolver dentro de los términos las solicitudes de libertad por quien tiene derecho.

 

Rebaja de pena por reparación aplica así hallan antecedentes penales.

Los que indemnicen integralmente a su victima en delitos contra el patrimonio económico tendrán dho a la rebaja de su pena aunque cuenten con antecedentes penales.

La prohibición de conceder beneficios cuando la persona tenga antecedentes penales que impone la ley 1142-07, ley de convivencia y seguridad ciudadana, habla es de la concesión de subrogados penales cuando se cuente con antecedentes, esto es lo contenidos en el art 68 A, C.P, esta prohibición se restringe a los mecanismos sustitutivos de la privación de la libertad. CSJ, sent. 31568 oct 28-09 mp. Alfredo Gómez Quintero.

 

Allanamientos y registros excepcionales requieren revisión de juez de control de garantías.

Este tipo de allanamientos y registros no necesitan orden previa de un fiscal, deben someterse a estudio posterior ante juez de gtias, condición de exequibilidad por parte de la corte const. Al art 230 de la ley 906.

La disposición autoriza a la policía judicial para practicar registros y allanamientos sin orden escrita del fiscal cuando el propietario o poseedor del inmueble afectado con la diligencia aceptan voluntariamente la intervención policial, el juez de control de g. deberá revisar el consentimiento, que fue libre y expreso o fruto de un acto arbitrario y o abusivo.

En garantía de los derechos a la inviolabilidad del domicilio e intimidad.

CN. Comunicado sent. C-806 nov. 11 de 2009. MP. María Victoria Calle.

 

Las concentrada el valida.

La costumbre es fuente de derecho en penal, estas audiencias no están consagradas expresamente en la ley 906, pero la experiencia a sido exitosa, la concentrada, las tres audiencias se deben dar dentro de las 36 horas posteriores a la captura, con el fin de evitar la prolongación ilícita de la libertad.

Esto llena el vacio legal del no término para definir la situación jca.

Los jueces no pueden ordenar la libertad salvo que el posible delito no procede una medida de aseguramiento privativa de libertad.

Legaliza la captura el juez de control donde se produjo y demás actos por el de donde se cometió el delito, esto es si la imposibilidad  geográfica no lo impide. CSJ. Auto 32634 oct 1-09 MP. Alfredo Gómez Quintero.

 

La justicia penal no puede ser obtenida a cualquier precio.

Para suplir una declaración la fiscalía introdujo la grabación de la entrevista que se había sostenido con la policía, tras la prohibición de la admisión de prueba de referencia, solo se admite si su confiabilidad es manifiesta. (Estado de Washington US), prueba de referencia, el procesado tiene la facultad de confrontar los testigos en su contra, concepto desde los tiempos del derecho romano, tradición jurídica del common law, los procesados en los juicios pueden encarar a los testigos en vivo y en directo como marco del sistema penal adversativo.

A menos que el testigo no estuviera disponible pero que el procesado hubiese tenido la oportunidad de contra interrogar.

La confiabilidad de la prueba testimonial es atreves del interrogatorio cruzado de los testigos.

Si el testimonio no asa por el crisol del contra interrogatorio un manto de duda caerá sobre el.

Caso Crawford v. Washington

 

Centro de memoria histórica: la verdad del conflicto.

 

La verdad de la ley, la de la víctima, la de los desmovilizados y la de restitución de tierras. La verdad no judicial y la memoria histórica dto. 2244 de 2011.

El objetivo es obtener la verdad sobre los hechos, sobre las violaciones a DDHH Y DIH, ocurridas en el país en las últimas décadas a causa del conflicto interno armado.

 

Cumpliendo con el ppio a la verdad de la justicia transicional. Este estará adscrito al ejecutivo.

Ver min interior Dto. 2244 de 28 junio 2011.

 

Prisión domiciliaria para padres cabeza de familia ya no es automática.

 

Para hacer la sustitución de la pena el juez debe tener en cuenta la gravedad del delito, sus antecedentes penales y personales, ya no más aplicación automática y exegética, pasamos a la ponderación de los valores en pugna, se suman las condiciones objetivas con las subjetivas.

La protección de DDHH debe ser apareada con los valores constitucionales, la mera protección de algunos valores no debe ocasionar niveles intolerantes de impunidad.

CSJ, sala penal, Sent. 35943, junio 22 de 2011 MP Enrique Socha Salamanca.

 

Limpieza social.

 

Esta es responsabilidad del estado, siempre y cuando participen miembros de la fuerza pública, efectuando estos actos en tiempo de servicio o aprovechándose de su autoridad.

C.E sección 3ra sentencias: 22231, 22289, 22528, mayo 4 de 2011, C.P Enrique Gil.

 

La victima debe ser escuchada en la etapa de individualización de la pena y sentencia. Vs tercero civilmente responsable.

Luego de condicionar la exequibilidad del art. 100 de la ley de descongestión judicial 1395-10, la cual modifica el art. 447 de la 906, la CN, concluyo que la víctima y sus representante deben ser escuchados en la etapa de la individualización de la pena y al momento de dictar sentencia, así se tutelan los derechos a participar en las decisiones que la afectan, protegiendo el debido proceso, la igualdad y el acceso a la adm. De la justicia, además de lesionar el pacto universal de los DDHH y la convención americana de los DDHH.

El juez debe permitir a la víctima y a sus representantes pronunciarse sobre las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes penales del acusado, así como a la determinación probable de la pena y concesión de subrogados, en las mismas condiciones de la defensa y fiscalía.

El 3ro civilmente responsable: este no se equipara a los demás intervinientes, como si lo era en la 600.

CN. Comunicado, Sent. C 250, abril 6 de 2011 MP Mauricio González Cuervo.

 

La víctima no puede hacer preguntas complementarias dentro del interrogatorio de partes.

 

Una vez se termine los interrogatorios la víctima no puede hacer preguntas complementarias, como si lo hacen el ministerio público y el juez para el cabal entendimiento del caso. Art. 397 l 906.

A la víctima le asiste un interés en una acusación y un fallo condenatorio, igual que a la fiscalía, si se le permite esto sería dejarla convertir en un segundo acusador o contradictor lo que afectaría el ppio de igualdad de armas en desmedro de los derechos del procesado.

CN. Comunicado de la Sent. C 260, abril 6 de 2011 MP Jorge Iván Palacio.

 

 

Excluir a la víctima de la posibilidad de hacer preguntas complementarias dentro de un proceso penal no configura una omisión legislativa relativa 

La Corte Constitucional declaró exequible el aparte del Código de Procedimiento Penal que excluye a las víctimas de la facultad de formular directamente preguntas complementarias como sí se le permite al juez y al Ministerio Público. Respaldó la expresión “una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso” del artículo 397 de la Ley 906 del 2004, porque consideró que, a diferencia del juez y del Ministerio Público, a la víctima le asiste un interés por defender la acusación formulada por la fiscalía y obtener un fallo condenatorio. Señaló que la participación directa de la víctima, incluso para formular preguntas complementarias, puede convertirla en un segundo acusador o contradictor, afectando el principio de igualdad de armas en desmedro de los derechos del imputado. 

Corte Constitucional, Comunicado C-260, 6/4/2011

 

 

Víctima debe ser escuchada en la etapa de individualización de la pena y sentencia en el proceso penal 

El artículo 100 de la Ley de Descongestión Judicial (Ley 1395 del 2010) configura una omisión legislativa relativa, pues excluye a la víctima de ser oída en la etapa de individualización de la pena y sentencia. Por tal razón, la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de dicho aparte normativo, para que se entienda que las víctimas o sus representantes podrán ser oídos en esta etapa procesal. Así las cosas, el juez debe concederle a la víctima o a su representante la oportunidad de referirse a las condiciones individuales, familiares y sociales, a los antecedentes del acusado y, si lo considera conveniente, a la probable determinación de la pena aplicable y la concesión de algún subrogado, en igualdad de condiciones a las de la defensa y la fiscalía. En la decisión, el alto tribunal declaró exequible el aparte que señala la oportunidad para que el tercero civilmente responsable intervenga en el proceso penal, por considerar que no vulnera el debido proceso ni el derecho de participación en decisiones que lo afectan. 

Corte Constitucional, Comunicado C-250, 6/4/2011

 

En el nuevo sistema penal acusatorio se puede terminar el proceso penal por indemnización integral 

En procesos adelantados bajo el nuevo sistema penal acusatorio se puede acudir a la figura de la extinción de la acción penal por indemnización, señalada en el artículo 42 de la Ley 600 del 2000, aunque esta no esté regulada en la Ley 906 del 2004, incluso después de la audiencia de juzgamiento o de juicio oral, cuando ya no puede tramitarse por la vía del principio de oportunidad. Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia al declarar extinta, por indemnización integral, la acción penal interpuesta por una ciudadana contra un odontólogo y su asistente, luego que por un mal procedimiento le causaran la pérdida de su ojo. La Sala Penal reiteró que mientras no se dicte sentencia de casación o no se decida inadmitir la respectiva demanda, hay la oportunidad de solicitar la declaración de extinción de la acción penal por indemnización integral y la correspondiente cesación del procedimiento. 

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 35946, 13/4/2011

 

Certificado judicial no puede contener antecedentes penales si no media autorización de su titular.

Estos datos vulneran derechos fundamentales si la entidad que los divulga no justifica la medida, la resolución 750, dispone que quien tenga antecedentes este espacio este en blanco dejando para las suposiciones que como no dice nada entonces los tiene, para la corte esto vulnera los derechos habeas data y buen nombre. CN sent. T 632 agosto 13 del 2010 MP Maria Victoria Calle

 

Masacres de paras son delitos de DIH

No importa que el delito no estuviere en el CP para cuando sucedieron los crímenes, a los de justicia y paz le cabe imputar homicidios en persona protegida en lugar que el agravado, sin importar que para la ocurrencia de los hechos no estuviere todavía la tipificación CSJ, sala penal sent. 3039, dic 16 2010 M.P José Leonidas Bustos.

 

Libertad provisional no se aplica a procesados de justicia y paz.

El art. 317 de la 906 no es aplicable a los procesados por 975 de 2005, dado que la ley de justicia y paz no consagra expresamente causales de libertad provisional, por tratarse de un proceso de naturaleza distinta, estos procesos conocen de

 

Conductas extremadamente graves, las cuales constituyen un ejercicio sistemático y reiterado de actos de violencia contra la población civil.

Otra precisión es que la libertad provisional del CPP no se puede asimilar a la de libertad a prueba del art. 29 de justicia y paz, pues señala que el desmovilizado haya cumplido la pena alternativa, la libertad a prueba se concede por un término de la mitad de la pena alternativa, además a suscribir acta compromiso donde se presente periódicamente, informar de cambio de residencia y a no cometer delitos por los que fue condenado, cumplido esto se extinguirá la pena ppal., de lo contrario regresara a prisión. CSJ, sala penal, auto 36051, marzo 23 del 2011 MP. José Luis Barceló Camacho.

 

La fuente de creación del doc. Determina la naturaleza de público o privado.

La nat del doc no  depende a sus fines al destino que se le  dé privado o al interés general, sino a que se creación provenga del ejercicio de la función pública inherente al estado y habilitada por el. C.S.J sala penal, Sent. 34718 marzo 16 del 2011 M.P Jorge Enrique Socha salamanca

 

No es necesario querer causar un perjuicio para estructurar el dolo de la falsificación

La Corte Suprema de Justicia señaló que el delito de falsedad ideológica en documento público se configura cuando un servidor público, en ejercicio de sus funciones, extiende documento público que pueda servir de prueba consignando una falsedad o callando total o parcialmente la verdad. De igual forma, precisó que para su estructuración no se exige la acreditación de una motivación especial o un provecho, sino que se agota con el conocimiento de los hechos y de la antijuridicidad del comportamiento. Con estos argumentos, la corporación recordó que no es necesario querer causar un perjuicio para estructurar el dolo de falsificar y condenó a un juez que no asistió a una audiencia pero firmó un documento que registraba su realización. La Sala Penal indicó que el funcionario no podía excusarse en que la escribiente elaboró el acta ni en la carga laboral, pues firmar sin revisar es una conducta irresponsable, máxime si se trata de un cargo que demanda extremo cuidado y laboriosidad.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 35720, 16/3/2011

 

Comunicado de Prensa 11 de 2011. Numeral 4 del artículo 38ª,

Nota Jurisprudencial (Exequibilidad Condicionada). Le correspondió a la Corte Constitucional determinar en general, si la exigencia del pago de la multa para acceder al mecanismo sustitutivo de prisión de vigilancia electrónica, vulnera el principio constitucional de igualdad (art. 13 de la C.P.) en relación con dos aspectos planteados por el demandante, los cuales son la presunta discriminación injustificada de los condenados que no cuentan con recursos para cancelar la multa, pero cumplen con los demás requisitos exigidos en el artículo 38A del Código Penal; y la presunta discriminación injustificada respecto de quienes cumplen con los requisitos para acceder a la prisión domiciliaria, porque a ellos no se les exige pago de multa, cuando en esencia tanto la prisión domiciliaria como la vigilancia electrónica implican el cumplimiento de la pena de la privación de la libertad por fuera del establecimiento carcelario. Del análisis realizado por la corporación, se concluyó que resultaba exequible su aplicación, bajo el entendido que en caso de demostrarse ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la insolvencia actual del condenado, el no pago previo de la multa no impedirá la concesión del subrogado de la vigilancia electrónica.

 

 

El incumplimiento del pago de la multa no puede impedir que el condenado en estado de insolvencia acceda al mecanismo de la vigilancia electrónica

La Corte Constitucional declaró la Exequibilidad condicionada del numeral 4° del artículo 50 de la Ley 1142 del 2007 (Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana), adicionado en el artículo 38A del Código Penal, en el que se establece como presupuesto para acceder al sistema de vigilancia electrónica, que es sustituto de la prisión, haber realizado el pago total de la multa. La corte estableció que el pago de la multa no puede ser un requisito para acceder al sustituto cuando el condenado no tenga los recursos económicos para ello. A juicio del alto tribunal, cuando el beneficio de la vigilancia electrónica depende de los medios económicos del condenado, las desigualdades de hecho se convierten en desigualdades jurídicas injustificadas a la luz de la Constitución. Por ello, concluyó que la exigencia desarrollaba razonablemente la potestad del legislador en el diseño de la política criminal, pero que no podía aplicarse cuando el condenado demostrara su insolvencia económica.

Corte Constitucional, Sentencia C 185 de 2010

 

Quien pretende ampararse en el principio de confianza debe demostrar que cumplió con las normas que disciplinan su actividad

La Corte Suprema de Justicia explicó que en la sociedad actual cada individuo tiene asignado un rol y se espera que se comporte de determinada manera frente a situaciones con división de trabajo o con ejercicio de actividades especializadas o profesionales. En esa medida, cuando otra persona del grupo no respeta las normas o las reglas de la actividad y sobreviene un resultado lesivo de un bien jurídico no puede haber juicio de reproche en relación con la conducta del compañero. Esto es lo que se llama principio de confianza, pues el hombre normal espera que los demás actúen de acuerdo con los mandatos legales dentro de su competencia. Sin embargo, para ampararse en esta eximente de responsabilidad es necesario demostrar que quien la alega cumplió con las normas que disciplinan su actividad

Corte Suprema de Justicia, Auto 34717, 16/3/2011
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Que el indiciado no pueda solicitar su propia audiencia de formulación de imputación no vulnera el derecho de defensa o el debido proceso

La Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 267 y 287 de la Ley 906 del 2004 (Código de Procedimiento Penal), en los que se señalan las facultades que tiene quien advierte una investigación en su contra y las situaciones que determinan la formulación de imputación. Según el demandante, las normas desconocen el derecho al debido proceso y al derecho de defensa, por omitir la posibilidad de que el indiciado solicite su propia audiencia de formulación de imputación ante el juez de garantías. La corte recordó que el legislador tiene un amplio margen de configuración para el establecimiento de procedimientos penales y que el presunto implicado puede ejercer su derecho de defensa desde la etapa preprocesal, bien sea en la indagación previa o durante la investigación anterior a la imputación, por medio del ejercicio de derechos, como el de guardar silencio, no auto incriminarse y declarar en presencia de un abogado.

Corte Constitucional, Comunicado 7, 2/3/2011
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Magistrados de control de garantías de las salas de Justicia y Paz pueden comisionar la entrega de inmuebles en la Fiscalía

La Corte Suprema de Justicia advirtió que los magistrados de control de garantías de las salas de Justicia y Paz pueden asegurar la efectividad de las medidas cautelares, como la entrega de inmuebles a favor de víctimas de acciones delictivas de grupos armados ilegales, por medio de la comisión en delegados de la Fiscalía General de la Nación. La única condición es que estos fiscales no hayan participado durante la instrucción o la formulación de acusación. Esa delegación es posible porque los magistrados de control de garantías no tienen funciones propias de juzgamiento y los fiscales decretan medidas cautelares como el embargo y el secuestro. Además, los funcionarios adscritos a la Unidad de Fiscalías para la Justicia y la Paz están obligados a proteger los derechos de los intervinientes en el proceso. En el fallo se aclaró que aunque la Ley 1395 del 2010 (Ley de Descongestión Judicial) no modificó la Ley 975 del 2005 (Ley de Justicia y Paz), la aplicación de la regla según la cual el recurso de apelación se sustenta dentro de la audiencia no implica anomalía alguna.

Corte Suprema de Justicia, Auto 35582, 2/2/2011
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Criterio de la víctima prevalece sobre el de su abogado.

El art. 130 CP, no se puede aplicar analógicamente, tratándose de víctimas, ver las garantías en la 906. C.S.J Sent. 35678 del 23 de feb 2011, M.P Alfredo Gómez Quintero.

 

La pena por desaparición forzada debe estar agravada si es sobre la cónyuge o compañera permanente de persona protegida.  C. N. Sent. C 100 feb 23 de 2011 M.P María Victoria Calle.

La prescripción de la acción penal no favorece a los civilmente responsables ni a los llamados en garantía.

La figura excluye la responsabilidad penal del procesado únicamente, el art. 98 cp, diferencia acción civil de la penal, en la civil el termino de prescripción es de 20 años. C.S.J exp. 35406 ene. 19 de 2011 m.p Javier zapata Ortiz.

JUECES DE CONTROL DE GARANTÍAS DEBEN RESOLVER PETICIONES PROBATORIAS DE LA DEFENSA Y EL PROCESADO EN LA ETAPA DE INDAGACIÓN 

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de establecer que los jueces de control de garantías están facultados para resolver las peticiones que presente el procesado o su defensor durante la etapa de investigación. De forma más específica, la Sala precisó que estos jueces tienen el deber legal de resolver todas las peticiones probatorias efectuadas por la defensa y, cuando sea necesario, ordenarles a los funcionarios públicos que les permitan a los defensores recolectar elementos probatorios, evidencias físicas e informes bajo su poder. Para la Corte, aunque la Ley 906 no les consagra expresamente esta facultad, los jueces tienen el deber de materializar el principio de igualdad de armas 
Corte Suprema de Justicia, Auto 35432, 1/12/2010

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Published by Rodrigo Orlando Osorio Montoya
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  • Rodrigo Orlando Osorio Montoya
  • Abogado Penalista. Especialista en Cultura Politica, Pedagogía de los DDHH de la UNAULA, Magister en Derecho de la U. de M. Asesor, y Coordinador del área Penal FUNLAM.
Conjuez del Tribunal Superior de Medellin, Sala Penal.
  • Abogado Penalista. Especialista en Cultura Politica, Pedagogía de los DDHH de la UNAULA, Magister en Derecho de la U. de M. Asesor, y Coordinador del área Penal FUNLAM. Conjuez del Tribunal Superior de Medellin, Sala Penal.

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