Wednesday 5 september 2012 3 05 /09 /Set /2012 21:16

 

El Precedente Judicial en Materia Penal

ABOGADO RODRIGO O. OSORIO MONTOYA

 

 

Nueva sanción en DDHH para Colombia nov 30/12

La Corte IDH sanciona a Colombia por el caso de la fuerza aérea en santo domingo por el lanzamiento de un cluster en una vereda de Tame/Arauca, donde murieron 17 personas y otras 27 resultaron heridas el 13 de dic. De 1998, haciendo que la población se desplazará forzadamente y de ello vino el saqueo de sus bienes.

El uso de estos dispositivos está prohibido en zonas pobladas, por ser dispositivos letales y de precisión limitada, la FFAA violo el PPIO de precaución en el marco del conflicto interno armado.

 

Los jueces no pueden seguir negando el acceso a un proceso sin reserva legal al abogado inscrito

Los abogados inscritos pueden acceder a los expedientes que cursan a los despachos, aunque no sean parte en los procesos como apoderados.

CN. Sent. T 920/12 de nov. 9 MP. Nilson Pinilla.

 

EMBARGOS CIVILES Y PENALES SON CONCURRENTES

Así exista embargo de carácter real, es posible inscribir el de la fiscalía, el 542 del CPC prevé la acumulación de medidas, la acción penal no es personal es para la reparación de la víctima.

CE. Sección 1ra. Sent. 110011032400020070009700, Nov. 1/12. CP. Maria Claudia Rojas.

Conflicto de competencia por factor territorial.

Este conflicto no puede alegarse terminada la audiencia de acusación o preclusión, dado que a partir de estas se prorroga la competencia, (ppios celeridad y eficiencia de la justicia) salvo excepciones.

La competencia por el lugar de la comisión del delito es inmodificable: juez natural.

CSJ. Sala Penal, auto 40164, oct. 31/12 MP. María del Rosario González.

 

Confección sobre hecho que fue absuelto en la ordinaria, no anula este fenómeno.

La confesión del postulado en justicia y paz no anula la cosa juzgada, el fenómeno tiene la misma jerarquía que los derechos de las víctimas, la inmutabilidad de la cosa juzgada es relativa, la sola manifestación de un sujeto procesal no puede afectar las sentencias en firme, pues llevaría al caos y la anarquía y problemas de competencia, además de que funcionarios de menor jerarquía puedan tumbar las decisiones de instancias superiores.

Sin embargo, la fiscalía puede interponer acciones de revisión para que las decisiones previas no produzcan efectos. La confección es un hecho nuevo que funda la acción y verdad.

 

Los derechos a las víctimas son iguales no superiores a los de cosa juzgada y non bis in ídem, el procedimiento ordinario no debe siempre rendirse frente a la justicia especial pues sería un despotismo jurídico, se debe ponderar y mirar si se debe remover o no la cosa juzgada.

CSJ. Sala Penal, auto 39665, nov. 7/12 MP Fernando Castro.

 

El principio de favorabilidad no opera para en el derecho cambiario.

La infracción cambiaria no tiene la naturaleza de penal es comercial.

C.E. sección 1ra. Sent. 2500023240000199971005401, Oct. 10/12 C.P Maria Elizabeth Garcia Gonzalez.

 

Corte Penal Internacional y BACRIM en Colombia.

Desde junio de 2004, el Fiscal de la CPI viene adelantando un estudio sobre la situación en Colombia, el 14 de noviembre de 2012 expidió un informe de carácter provisional, en donde resalta los crimines cometidos por guerrillas,  paramilitares y algunos agentes del Estado en los llamados falsos positivos, política tal vez adoptada por las FFAA; demás, informa sobre la mutación o sucesión de los grupos al margen de la ley a bandas criminales organizadas.

 Reforma a Justicia y Paz.

Ley 1592 de diciembre 3 de 2012, reforma:

  • adiciona causales de terminación del proceso y exclusión de la lista de postulados: la no entrega, denuncia de bienes adquiridos bajo su actuar criminal, entre otras.
  • elimina el incidente de reparación integral, cambiándolo por: incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas, unificando el procedimiento al de reparación administrativa de la 1448.
  • Aplicación de criterios de prioridad respecto a la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos a manos de los grupos armados ilegales que se desmovilicen y contribuyan a la reconciliación nacional.
  • La articulación de la fiscalía frente a procesos de restitución de tierras y victimas
  • Concentración en la audiencia de imputación y aceptación de cargos
  • Versiones libres colectivas y conjuntas bajo reglamentación de la Fiscalía.
  • Retiro voluntario del proceso especial.
  • Medidas de colaboración en casos de extraditados

 

Pensión mínima para desmovilizados es inconstitucional.

Los excombatientes acogidos a un proceso de paz tenían derecho a una pensión mínima bajo el régimen de prima media con prestación definida, según el acto legislativo 01 de 2005, articulo 147 de la ley 100/93.

C.E sección de consulta y servicio civil, concepto 11001030600020120007500 (2121), oct. 18/12, C.P Luis Fernando Álvarez Jaramillo.

Exoneración de responsabilidad del agente retenedor.

La omisión del agente retenedor o recaudador puede ser beneficiado con una inhibitoria, preclusión o cesación del procedimiento cuando pague la obligación tributaria adeudada.

El art. 42 de la ley 633/00 y la 599/00 modificaron el estatuto tributario con la posibilidad de exonerar de responsabilidad en el caso de un acuerdo de pago, sin embargo, la ley 1066/ 06 derogo la disposición pero por principio de favorabilidad se extingue la responsabilidad únicamente con el pago.

CSJ. Sala penal, sent. 37650, junio 6/12 MP. Julio E. Socha Salamanca.

 

Plazos para la indagación preliminar, exequible.

La ley de seguridad ciudadana, en su art. 49, trajo consigo los plazos para que la fiscalía impute u ordene el archivo de las diligencias, pone al fiscal dentro de un término para vincular jurídicamente al indiciado o archivar en los casos que no se pueda establecer que los hechos existieron o no configuran conducta punible.

CN. Sent. C 893 oct.31/12 MP. Luis Guillermo Guerrero.

 

La posición de garante del activo excluye la acción a riesgo propio.

Cuando las partes están en igualdad de condiciones, ninguna tiene la obligación de evitar el daño económico.

En muchos negocios jurídicos se presenta mentiras que tengan un engaño, que es el elemento típico de la estafa, pero si las partes están en igual condición ninguna se obliga a evitar el daño económico que pueda generarse tras el contrato.

La posición de garante sale cuando las condiciones culturales, económicas, sociales, académico y personales están en un rango diferente a la otra parte; siempre que este conozca las condiciones propias frente al otro.

A su vez, las condiciones especiales que se presentan entre familia, matrimonio, amistad, contribuyen a que se tenga una posición de garante, por la confianza ENTRE las partes que no dan lugar a desconfiar u obrar con mayor cautela.

Sin embargo, nada de lo aquí tratado aparta la obligación del sujeto pasivo de comportarse racionalmente.

CS de J. Sala Penal, sent. 36824, sep.12/12 MP. Julio Enrique Socha Salamanca

 

Noción de conflicto armado en la ley de victimas es amplia pero exequible.

Por lo anterior el operador jurídico debe analizar cada caso en concreto, en lo factico, la vulneración de DDHH o al derecho Internacional Humanitario.

CN. Sent. C 781, oct. 10/12 M.P María Victoria Calle.

 

El rol del defensor de familia en los procesos penales.

El defensor de familia solo puede representar los menores víctimas de un delito, si los padres no están o familiares que les impidió nombrar un defensor, interpretación de la CS de J, del art 193 del código de infancia y adolescencia.

El defensor de familia en penal no es un interviniente especial, es residual, no está legitimado para actuar, con ello se garantiza una de  las características principales del procedimiento penal al dar equilibrio entre las partes.

CSJ.  Sent. 39564, oct. 17/12 M.P. Fernando Alberto Castro Caballero.

 

Esquema para prioridad de casos en la Fiscalía.

Es un instrumento de política criminal para identificar patrones en las conductas criminales.

Para lo anterior se deben aplicar tres criterios:

Subjetivo. Calidades particulares de las víctimas.

Objetivo. Análisis del delito, gravedad y representatividad en términos de derechos fundamentales de las víctimas, familia y comunidad. Directrices de la corte Interamericana de DDHH. Lucha contra la impunidad y la directiva 01, oct.4/12 Fiscalía General de la N.

 

Juez de tutela puede decidir ultra petita o extra petita

En aras de proteger los derechos fundamentales eol juez de tutela puede adoptar medidas no solicitadas u órdenes, todo con el fin de superar la situación de amenaza.

CN Sent. T 425/junio 7/12 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

 

Derecho al buen nombre y honra. No son absolutos.

No toda expresión que mortifique, que cause desazón, pesadumbre o molestias al amor propio es delito, pues los derechos al buen nombre y honra dependen del comportamiento del individuo, por ser derechos construidos por el titular. Animus injuriandi este el elemento subjetivo para que se constituya la falta.

C. S de la J. sala disciplinaria, Sent. 630011102200020110040201, oct 3/12 M.P. MARIA Mercedes López.

 

Subsidio de vivienda a desplazados.

 

El estado debe desplegar todos los mecanismos para garantizar la ayuda humanitaria y la reinserción social de las víctimas por desplazamiento.

C.E sección segunda, Sent. 50001233100020120015301, julio 5/12 C.P Alfonso Vargas

 

Penalización por obstrucción a vías y transporte público es CN:

Art. 44 y 45 de la ley de seguridad ciudadana. Sent. C 742 sep. 26/2012 MP. María Victoria Calle

 

Fallo de tribunal en segunda instancia se profiera con su aprobación, no con su lectura.

El inc. 3 del art. 179 CPP, concede 5 días a la sala para que estudie y decida el recurso de apelación de fallo en 1ra instancia. La sentencia se profiere es con su aprobación y no con la diligencia de lectura posterior. CSJ sala penal sent. 38467 agosto 14/12 MP Luis Guillermo Salazar.

 

Inobservancia de protocolos de la cadena de custodia afecta la autenticidad del material probatorio La Corte Suprema de Justicia reiteró que la inobservancia de los protocolos de la cadena de custodia no afecta la legalidad de los elementos materiales probatorios, sino eventualmente su autenticidad. En ese sentido, explicó que la legalidad se refiere al acatamiento de condiciones en el proceso de formación, producción o incorporación del medio para que adquiera validez jurídica, mientras que la autenticidad tiene que ver con el cumplimiento de procedimientos legalmente establecidos para su protección o conservación. De igual forma, señaló que el cumplimiento de este protocolo releva a la parte que lo presenta de la demostración de su autenticidad. Por el contrario, si no se lleva a cabo la cadena de custodia, se traslada la carga de acreditar esta condición. En ese sentido, aclaró que cuando se quiere excluir una evidencia física que no atendió el protocolo se deben allegar razones para concluir que el elemento no es genuino o que pudo ser alterado, modificado o falseado en el proceso de conservación (M.P. José Leonidas Bustos Martínez). Corte Suprema de Justicia, Auto 34867, 27/6/2012

 

Rol del defensor de familia en el proceso penal es residual La intervención del defensor de familia en el proceso penal es residual, por ende, no puede actuar simultáneamente con los representantes del menor, ya sean los familiares o apoderados, afirmó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, precisó que el defensor de familia solo puede representar a la víctima, cuando esta tarea no pueda ser asumida por los padres o el abogado designado, pues de lo contrario se admitiría la actuación de dos intervinientes especiales con idéntica pretensión, lo que transgrede la Ley 906 del 2004. Además, la corporación indicó que ante la existencia de los representantes principales del niño o adolescente, la defensoría debe limitarse a realizar una función de verificación y recaudo de información, para desplegar cualquier medida de protección que se requiera (M.P. Fernando Castro). Corte Suprema de Justicia, Auto 39564, 17/10/2012

 

Víctimas también pueden pedir adición de la sentencia penal cuando haya omisión de pronunciamiento sobre bienes objeto de comiso La víctima debe tener las mismas posibilidades del fiscal, la defensa y el Ministerio Público para pedir la adición de la sentencia penal o decisión equivalente cuando se omita un pronunciamiento sobre los bienes objeto de comiso. Así lo señaló la Corte Constitucional al condicionar la exequibilidad del artículo 90 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), que indica quiénes están facultados para hacer dicha solicitud. Según la Sala, la inclusión de las víctimas para participar en la solicitud de adición de la sentencia impide que se vulneren sus derechos a la igualdad y de acceso a la justicia. En este caso, se configuró una omisión legislativa relativa y a una discriminación, afirmó el alto tribunal (M. P. Luis Ernesto Vargas). Corte Constitucional, Sentencia C-782, 10/10/2012

 

Si el condenado no tiene conque pagar la multa no se le puede negar la libertad condicional.

Los jueces de ejecución de penas no pueden negar la libertad condicional cuando el condenado demuestre la incapacidad económica de pagarla. El art 50 No. 4 de la de la ley 1142 de 2007 que contempla efectuar el pago total de la multa para acceder a este beneficio.

La multa es de carácter sancionatorio no contractual o transicional y puede pagarse por varias vías, y no se puede discriminar a los que tienen con que cancelar y libertad a los que no y siga detenido.

Sentencias: C 195/2005, C 665 Y 823 DE 2005

CN Sent T 309 de abril 24/12 MP Jorge Iván Palacio.

 

La patria potestad es un derecho subjetivo a favor de los niños y niñas (de la inasistencia alimentaria)

De los efectos de la pérdida o suspensión de la patria potestad, afectan las facultades de la representación legal, administración y usufructo, pero mantienen en cabeza de los padres las obligaciones de crianza, cuidado personal y educación. CN Sent. T 266/12 marzo 29 MP Jorge Iván Palacio.

 

Entidad debe suministra historia clínica completa en casos de responsabilidad.

El documento debe ser lo suficiente mente claro para que el juez determine la falla en el servicio; de la denuncia a suministrar la historia clínica se puede inferir responsabilidad por el interés en ocultar el hecho.

C.E sección tercera, sentencia 17001233100019980101301 (20732, julio 26/12 C.P Stella Conto Díaz).

 

El perjuicio eventual no otorga derecho a ser indemnizado.

Un daño que sea resarcible, además de tener que ser antijurídico y atribuido a la acción u omisión de una autoridad de carácter público debe contener el carácter de certeza, no se permite perjuicios gaseosos o hipotéticos, basado en supuestos o creencias.

CE sección #ra. Sent. 41001233100019958146-01 junio 26/12 CP Mauricio Fajardo Gómez

Perjuicios del daño moral.

El arbitrio iuris y la equidad son los principios que sustentan la tasación de los perjuicios morales.

El daño moral hace parte de la esfera interna del individuo y no podrá tasarse usando criterios objetivos; sino a partir del arbitrio judicial fundamentado en la sana crítica y la experiencia, ello no se podrá llamar arbitrariedad judicial.

Diferencia con la Sent. T 212/2012 CN. La cual exige una exigencia objetiva para determinar el daño moral.

El CE expone que en la pérdida de un ser querido, unas lesiones y otros exigir un criterio objetivo desborda la lógica y la razón.

El dolor moral se presume y la carga de la argumentación exigida debe ser mínima; diferente a delitos patrimoniales, etc.

CE. Sección tercera sentencia: 0500123240001996032901 (21928) 05001232600019960037301 (21142 julio 5 y 18 de 2012.

 

Quienes cometan delitos de narcotráfico, afectación al patrimonio del estado, pertenencia, financiación o relación con grupos ilegales y lesa humanidad, tienen una inhabilidad permanente y vitalicia para contratar con el estado.

El art. 1 de la ley 1474 de 2011 inhabilita por 20 años, pero el art 122 de la CN, reformado por el acto legislativo 1 de 2004 y 1 del 2009 consagro que la inhabilidad el vitalicia, no permite la rehabilitación de los responsables, el constituyente pretende es la preservación de la de la moralidad pública y a la Sent. C 200 de 2012.

CN Sent. C 630 de agosto 15/12 MP Mauricio González

 

Donación de órganos.

El artículo 2 de la ley 73 de 1998, establece la presunción legal para la donación de órganos y la posibilidad de que los familiares del fallecido se opongan a la extracción, es declarado exequible por la CN.

El legislador concilio los principios y derechos derivados de la cláusula general de libertad con los principios de solidaridad e interés social CN Sent. C933 nov 8.07

 

Los jueces no pueden declararse objetores de conciencia.

Los jueces que se abstengan de resolver basados en objeciones de conciencia pueden ser investigados penal y disciplinariamente, dado que para la administración de justicia solo pueden existir argumentos jurídicos no personales. Sentencia t 388  del 28 de mayo de 2009.

 

LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA NO TIENE NECESIDAD DE DEMOSTRAR SU LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR ACTIVA.

La Corte Constitucional deja la anterior afirmación suficientemente clara ya que aseguró que una persona puede tener un interés legítimo para solicitar el amparo de los derechos de otra persona cuando la tutela es ejercida por el representante legal del titular de los derechos, de este modo, aunque una de las características de la acción de tutela es la informalidad, uno de los requisitos mínimos de procedibilidad consiste en que la persona que la presente tenga un interés directo y particular respecto de la solicitud de amparo que eleva ante el juez constitucional, bien sea porque ella misma se ve afectada o amenazada, es por eso que la Corte concluye que la población desplazada se encuentra en condiciones de extrema vulnerabilidad “no solo por el hecho mismo del desplazamiento, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de personas especialmente protegidas por la Constitución tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera edad”. Por lo anterior la corte ordena acceder a la petición del actor sin importar que no sea él la persona que originalmente solcito el amparo constitucional. Revoca. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Documento Disponible el Público en Agosto de 2010. Temas: Protección Constitucional. Subsidio de Vivienda. Sentencia T 197 Expediente 2448375 de 2010

 

 

Vía de hecho. Tutela contra tutela.

Mientras no se pueda acudir al medio ordinario, la tutela es viable para confrontar la vía de hecho en que incurrió el operador judicial.

CSJ. S. Penal, sentencia 60973, julio 3/12 MP. Javier zapata.  

 

Términos no pueden exigirse a personas con discapacidad, si afectan sus intereses.

No se les puede exigir de manera irrestricta el cumplimiento de los términos, sobre todo si afectan de alguna manera afecta sus intereses y el desmejoramiento de sus condiciones de vida. Pues aunque son una garantía y de seguridad jurídica a algunas personas no se les pueden exigir que cumplan con ellos a cabalidad pues algunos no los entienden, etc y se les estaría denegando el aseso a la administración de justicia.

CE sección 2da. Sent. 11001031500020110170200, marzo 15/12 CP. Víctor Hernando Alvarado

 

Corte suprema avala extradiciones de postulados a justicia y paz.

En siete años la ley de justicia y paz, los desmovilizados que se han acogido a los mecanismos de justicia transicional no han contribuido de manera eficaz, real y transparente al establecimiento de la verdad y menos reparado sus víctimas, por ello varia la posición.

CN, S. Penal, Cpto 35630, agosto 14/12 MP. Luis Guillermo Salazar Otero.

 

Violencia intrafamiliar.

Con una fuerte reforma legislativa pretendemos resolver nuestra conflictividad, lejos de resolver de raíz el problema, soluciones coyunturales, la política criminal en violencia intrafamiliar es bastante errático y muy rentable en populismo electoral.

Primero la legislación penal tipifico el delito pero de forma subsidiaria, pues siempre y cuando no constituyera otro delito, de manera que en la práctica el agresor resultaba beneficiado si cometía otro delito, era mejor lesionar que gritar e insultar.

L. 882/04 incremento las penas a este delito, ley de ojos morados. a raíz del caso Lizzette Ochoa vs Rafael Dangol Lacouture, con el caso del bolillo Gómez donde la víctima no quiso denunciar sale la ley 1542/12, donde la violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria pierden el carácter de querellables y quedando que cualquier ciudadano las pueda denunciar, el delito pasa de ser un problema de interés familiar y pasa a ser un problema de interés público, desdibujando el sistema penal acusatorio, pero es aplicable ppio de oportunidad si las partes llegaban a un arreglo de los perjuicios económicos. Francisco Bernate Ochoa, agosto/12 ámbito jurídico pág. 18 análisis.

 

Atención integral a drogadictos: ley 1566/12 julio 13

Indemnización del daño moral debe respetar el ppio de razonabilidad.

Al perjuicio moral debe aplicarse arbitrio iuris en el marco de la equidad y la reparación integral, bajo los ppios de la razonabilidad y racionabilidad.

CN Sent. T 212, marzo 15/12 M.P María Victoria Calle

 

El aborto despenalizado puede practicarse en cualquier momento.

Después de las reglas sobre el aborto impuestas por la Corte Constitucional, hoy bajo la sentencia 841 de nov. 3 de 2012 encontramos una nueva. La madre inmersa en cualquiera de las tres circunstancias despenalizadas en el 2006, puede abortar al principio del embarazo o días antes de dar a luz; lo anterior dado,  por no existir un término preestablecido para ello, la CN advierte a los jueces y a las entidades de salud, que ellos no pueden establecer un término para practicar el aborto, igualmente que pedir requisitos que no existen: certificados médicos que avalen el riesgo para la salud física o mental; las malformaciones del feto o la gestante fue víctima de acceso carnal violento.

La CN recuerda que el aborto no punitivo tiene la categoría de derecho fundamental: derecho a la salud mental de la mujer, intimidad, acceso a la salud y a la jurisdicción.

La entidad que se niegue a practicar un aborto se ve inmersa en sanciones y tiene que indemnizar a la mujer (ante juez administrativo) y asumir los gastos médicos del recién nacido.

 

 La comisión de política criminal recomienda mayor despenalización del aborto.

Se debe ir mas allá de la sentencia 355 de 2006 CN, pues aún es muy restrictiva y continua afectando los derechos de las mujeres.

La comisión insiste en el deber de eliminar el populismo punitivo, la tipificación de nuevas conductas y aumento de penas sin estudios previos que demuestren su efectividad, son 37 reformas con un impacto muy negativo en el sistema penitenciario.

Marzo 31/12 comisión de la política criminal colombiana.

 

 

Se pide constitucionalizar el derecho a l aborto.

Cámara de representantes proyecto acto legislativo 016/12S.

La redención de la pena no es un derecho, es un beneficio que puede ser eliminado.

La CN no consagra como derechos la redención de penas por trabajo estudio o enseñanza, el legislador es autónomo para crear o eliminar este beneficio para uno u otro delito.

La regla general es cumplir la pena impuesta en su totalidad por el juzgador.

Si bien la resocialización se logra trabajando, estudiando o enseñando esto no es patente para otorgar beneficios.

CSJ, Sent, T 61489, julio 10/12. M.P José Leónidas Bustos Martínez.

 

Madurez intelectual de menor debe tenerse en cuenta para acceso a redes sociales

El acceso a la tecnología por parte de los menores debe ser paulatino y con acompañamiento (recomendaciones memorándum de Montevideo)

Habeas data y honra, desarrollo armónico e integral.

Muchos menores mienten sobre su edad para acceder a cuentas en las redes sociales pero si no cumplen con estos requisitos se puede pedir que le cancelen la cuenta.

CN Sent. T 260 marzo 29 de 2012. Humberto Sierra Porto.

 

Conductores ebrios.

Se modifican las leyes 769 y 1383 de 2010, pues los conductores que no se practiquen el examen de alcoholemia pueden ser multados y sancionados con la suspensión de su licencia hasta por 10 años. Ley 1548 de julio 5 de 2012.

 

Tasación de la pena en casos de flagrancia

El parágrafo del artículo 67 de la ley de seguridad ciudadana, donde la persona capturada en flagrancia solo tendrá una cuarta parte del beneficio del 351 CPP. La norma responde a sus fines que son la lucha contra la criminalidad y el terrorismo, y tampoco desconoce los beneficios por allanamiento a los cargos, preacuerdos y negociaciones: a mas colaboración, mas economía procesal y debe tener respuesta de le justicia premial, el 301 CPP no vulnera la igualdad, pues no es posible predicar iguales beneficios de aquellos que fueron aprendidos en flagrancia. CSJ Sent. 38285, julio 11 de 2012. MP Fernando Alberto Castro Caballero.

 

"   la necesidad de la medida de aseguramiento

Sentencia  C 805 de 2002 magistrados ponentes MANUEL JOSE CEPEDA  Y, ADUARDO MONTEALEGRA LYNNET, HOY FISCAL GENERAL DE LA NACION"   la necesidad de la medida de aseguramiento. En  efecto,  repugna al Estado Social de Derecho, al respeto por la libertad y la presunción de inocencia, así  como a otros derechos constitucionales,  que una persona investigada sea detenida preventivamente cuando ello no es necesario. Una medida tan gravosa de los derechos constitucionales  no puede proferirse con base en el capricho o el simple juicio de conveniencia del fiscal, por el contrario,  la Constitución exige que la medida se funde en motivos que justifiquen su necesidad en el caso concreto a partir de los hechos específicos de cada situación fáctica. Esta necesidad NO ES POLÍTICA NI ESTRATÉGICA, (COMO EN NUESTRO CASO DE RIO NEGRO), SINO JURÍDICA, es decir,  relativa al logro de los objetivos del proceso penal en general y  a los fines de cada medida cautelar en especial. Es necesaria la mediada cuando esta es indispensable para alcanzar tales objetivos  generales y fines específicos. Esta sentencia toma como referentes las siguientes decisiones: CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA C- 541 DE 1992, FABIO MORON DIAZ; C- 411 DE 1993, CARLOS GAVIRIA DIAS; C- 395 DE 1994 MAGISTRADO PONENTE CARLOS GAVIRIA DIAS;  C- 774 DE 2001, RODRIGO ESCOBAR GIL;  T- 556 DE 2002 JAIME CORDOBA TRIVIÑO

 

De la inmunidad en materia penal, correccionales y policiva

 

ARTICULO 33 Constitución Política de 1991. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

<Concordancias>

 

ARTICULO 28. Ley 599 de 2000. EXONERACION DEL DEBER DE DENUNCIAR. <Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al proceso de implementación establecido en su Artículo 528> Nadie está obligado a formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera permanente o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni a denunciar las conductas punibles que haya conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que le impongan legalmente secreto profesional.

ARTÍCULO 68. Ley 906 de 2004. EXONERACIÓN DEL DEBER DE DENUNCIAR. Nadie está obligado a formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera permanente o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, ni a denunciar cuando medie el secreto profesional.

 

Criterios jurisprudenciales para determinar si es delito de lesa humanidad.

Ataque sistemático y generalizado dirigido en contra de la población civil, que la conducta sea del ataque y que el autor tenga conocimiento en ello o haya tenido una intención de q su actuación formara parte de la acción violenta.

 

Implica entender el contexto en que se produce, el móvil, la forma, el destinatario del ataque y el victimario.

 

Lesa humanidad si ocurren en un contexto de un acto de violencia sistemático o generalizado y dirigido contra la población civil, por parte del estado o de una organización que tuviera el control y la posibilidad de movilizarse libremente por el territorio nacional.

Art. 93 CN y elementos internacionales. CSJ auto 34180 mayo 23/12 M.P José Leónidas Bustos Martínez.

 

Indemnización a las víctimas.

 

El superior funcional no puede ser el único en decretar indemnizaciones, debe haber un pronunciamiento previo. CSJ Sent: 38508 junio 6/2012 MP. José Luis  Barcelo C.

 

Despenalización de la dosis personal.

C 221 de 1994,

Los adictos no son criminales, son enfermos, el congreso la penaliza en el art 11 de la 1453 de 2011, sin embargo la sent C 491 del 28 de junio de 2012 confirma los argumentos y va más allá de la sentencia de 1994.

 

Ley 1539 de 2012. Exige certificado médico (físico) y psicológico a vigilantes y escoltas.

 

Si la pena está cumplida o prescrita no se puede revelar la existencia de antecedentes.

Según los principios de finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida de la información aplican a todas las bases de datos. La leyenda no tiene asuntos pendientes con autoridades judiciales deberá registrarse en la constancia escrita.

 

CN Sent. SU 458 junio 21 2012 MP Adriana Guillen.

El escrito de acusación es nulo si desconoce garantías fundamentales.

Este escrito es un acto de parte y no jurisdiccional, sin embargo el desconocimiento de garantías fundamentales permea todo tipo de actos.  CSJ Sent. 60211, mayo 9/12 MP Luis Guillermo Salazar Otero.

Cae tipo de uso de documentos de vehículos automotores declarados pérdida total.

Según la CN es una actividad lícita desarrollada por las compañías de seguros, por ello declaro inexequible el artículo 447ª del CP, adicionado por el art. 27 de la 1453/11

El fallo se fundamenta en los principios de la necesidad, exclusividad de protección de los bienes jurídicos y la taxatividad., por no estar cimentado en la última ratio. CN Sent. C 365, mayo 16/12 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

 

Rebaja de pena por reparación integral a la victima de extorsión.

El beneficio está consagrado en el 269 CP, pero se aplicaba la 1121 de 2006, que proscribe conceder beneficios penales a los extorsionistas, la sala penal aplico el junio 6 de 2012 el código sobre lpa ley, da ley es de carácter procesal no sustancial, la de rebaja por confesión se justifica por no ser de beneficio para la victima pero la de indemnización claro q sí.

La sustentación de rebajar por lo sustancial y no por lo procesal va acompañado de del ppio de proporcionalidad de la pena, debido a que la pena debe estar acorde al daño sufrido.

CSJ Sent. 35767, junio 6/12 MP José Leónidas Bustos.

DIAN lanza certificado de origen para importar con TLC USA

Ver www.dian.gov.co.

DIAN, comunicado mayo 11/12.

 

Acción de declaración de ausencia por desaparición forzada

Para presentar la solicitud, no se podrá exigir que haya transcurrido determinado lapso desde q tuvo la última noticia del desaparecido.

Los interesados en que se defina la situación jurídica de quienes se desconozca su paradero y no han sido encontrados vivos ni muertos podrán acudir a la acción de declaración por ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria creada mediante la ley 1531 de 23 de mayo de 2012.

Acción que se deberá presentar frente a juez civil del último domicilio del desaparecido o víctima.

Con ello se garantiza la continuidad de la personalidad jurídica del desaparecido; la conservación de la patria potestad, la protección del patrimonio, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización estén vigentes y el derecho a la familia a percibir salarios cuando se trate de servidor público.

Ley 1531 2012

 

El juez debe pronunciarse sobre todas las pretensiones.

Si no lo hace se puede afectar el debido proceso, en este caso la tutela es procedente.

CN comunicado Sent.  SU 424 de junio 6 de 2012 MP. Mauricio González.

 

El estado es quien debe probar la situación de desplazamiento de una persona.

Si el estado considera q las pruebas aportadas por una persona no son suficientes o son contrarias q alega ser víctima del desplazamiento, es el estado quien de4be demostrar la falta de calidad de desplazado.

Sala disciplinaria del C S de la Judicatura, Sent. 25000110000020120001101 (2250 T), marzo 13 de 2012 MP José Ovidio Claros.

 

Condena en perjuicios no puede agravarse en 2da instancia.

Si existe un solo apelante no reformatio in pejus, desde la sentencia C 591 de 2005, la prohibición esta para todo tipo de casos y providencias, los de segunda instancia, no pueden agravar la sentencia o auto, ni decisiones de los jueces de control de garantías, no se puede desmejorar los intereses de los procesados.

CSJ. Sent. 33101, marzo 21 de 2012. M.P. María del Rosario González.

La acusación sin control.

La comisión constitucional redactora del CPP 906, el viernes 14 de febrero de 2003, presento a consideración de la mesa, la propuesta de suprimir la fase intermedia en el proceso penal, asiendo de la acusación un acto autónomo de la fiscalía y sin controles, colocando en peligro los principios garantizadores de esta etapa de depuración procesal.

Para abrir juicio se necesita dos presupuestos mínimos: petición de parte y la decisión del juez, pero en penal la concentración de estas dos funciones jurisdiccionales en un mismo órgano es un rezago inquisitivo, esto viola el debido proceso y el derecho a la defensa.

Algunas acusaciones son jurídicamente inviables, temerarias, equivocadas, irrazonables, que toca acudir a la nulidad de la acusación casi fuera una providencia, pero como concentra las dos funciones.

Los sistemas penales modernos tienen como faces: preparatoria, intermedia y juicio. Ver a Blinder.

 

Incautación ilícita de bienes generan responsabilidad estatal.

No solo por privar injustamente de la libertad a una persona responde el Estado, también por las medidas adoptadas dentro del proceso penal, como la ocupación de inmuebles y la incautación de los muebles. De tal forma q si se prueba que los bienes tienen procedencia licita hay un daño antijurídico por parte del Estado, teniendo en cuenta el deterioro de los bienes, los perjuicios (gastos personales y administrativos en los que haya incurrido el propietario para afrontar el proceso de la fiscalía)

CE. Sección 3ra. Sent. 22205. Ene 27-12. C.P. Carlos Alberto Zambrano.

 

La prolongación ilícita de la libertad no es culposa.

Es estrictamente doloso, es decir: cualquier acto culposo o negligente del funcionario encargado de resolver la situación jurídica de un detenido no produce este punible y conlleva absolución del funcionario.

CSJ, Sent. 33149, feb. 15-12. M.P. Fernando Castro.

 

Desistimiento del denunciante no extingue la acción disciplinaria.

En los procesos disciplinarios el denunciante no es un sujeto procesal, es un coadyuvante.

C. S. de La Judicatura, sala disciplinaria, Sent. 73001110200020080031501, enero 18 de 2012 M.P. María Mercedes López.

 

Excepción al secreto profesional.

Revelar información de un cliente para evitar un delito no es falta disciplinaria, art. 34 de la ley 1123 de 2007, sent. C 301 de abril 25. En la comunidad EU los juristas están obligados a denunciar las actividades sospechosas de sus clientes

 

Restitución de predios en la ley de víctimas.

El artículo 99 de la 1448 de 2011, obliga a la víctima:

-       Celebrar contratos con los poseedores de buena fe.

-       Ordena entregar el bien a la unidad de restitución de tierras si el poseedor no demuestra su buena fe.

-       Deben ejecutar proyectos agroindustriales en el predio restituido.

-       No le puede dar la destinación que quiera la víctima.

 

No todo el estatuto de Roma es bloque de constitucionalidad.

CN C 290, abril 18 del 12. MP. Humberto Sierra Porto

 

El Estado es responsable por detener indígenas por actos ilícitos desde su cosmovisión.

Retener un indígena por la materialización de un acto ilícito desde su identidad y cosmovisión, desconoce su diversidad cultural.

CE. Sección 3ra, Sent. 19001233100019990113401 (21410). Nov. 15-11. C.P. Stella Conto Díaz.

 

Violencia intrafamiliar en la uniones maritales de hecho.

Los dos años que exige la ley 54 de 1990 de convivencia no son necesarios para q se tipifique el delito, el tiempo no importa cuando se trata de defender el vincula familiar y de armonio.

CSJ. Sent. 33772. Marzo 28-12. MP. Julio Enrique Socha.

 

La responsabilidad médica se extiende hasta en la etapa pos operatoria.

Los galenos pueden infringir su deber objetivo de cuidado, luego de las intervenciones quirúrgicas, en materia de delitos culposos ya esta decantada por la doctrina y la jurisprudencia.

Son penalizados si actúan con negligencia y desconocen los protocolos de la medicina sobre los cuidados posteriores a la cirugía.

Los médicos ostentan una posición de garante en la sociedad.

CSJ. Sent. 33920, abril 11-12. M.P Augusto Ibañez.

 

Preacuerdos y allanamientos no generan impedimentos.

Las dos figuras de negociación penal por excelencia: preacuerdo y allanamiento a cargos. En los casos de haber varios procesados y uno de ellos acepta su responsabilidad, los jueces que conocen y aceptas estas negociaciones se declaran impedidos para asumir el juicio oral frente a los demás imputados que no negociaron, por ver comprometida su imparcialidad.

 

La corte dice que estas circunstancias de ninguna manera afectan la imparcialidad. CSJ. Autos 37043 sep. 28 de 2011 y 38226. Feb 8 de 2012 MP Fernando A. Castro.

En la audiencia de apelación no existe debate probatorio.

La segunda instancia no es para aportar pruebas de nuevo, no es un nuevo juicio, si se presenta el juez de segunda instancia debe no tenerlas en cuenta, como inexistentes. CSJ. Sent. 34703. Dic. 14/11 MP. Augusto Ibáñez.

 

Acoso debe menoscabar la honra de la víctima para considerarse injurioso.

El acoso laboral se considera injurioso si menoscaba la honra y honor de la víctima, el principio de lesividad exige antijuridicidad material,  debe tratarse de un comportamiento social que afecte las necesidades del sistema social en su conjunto.

Las expresiones humillantes deben tener la intensidad necesaria para afectar la integridad moral.

CSJ sala penal. Sent. 34093. Dic. 14/11

 

Intervención después de la intervención del delito.

¿En qué calidad se deben juzgar quienes interviene después de la comisión del delito? ¿Coautores o cómplices?

En la actualidad como cómplices, antes era como coautores, la consecuencia directa de esto es una menor pena.

CSJ. Sent. 36299. Feb. 15/12 MP. María del Rosario González

 

Juez que legaliza allanamientos de algunos coautores no queda impedido para juzgar a los otros

 

Desplazamiento forzado es un delito de aplicación retroactiva.

Según los tratados internacionales, el desplazamiento forzado hace parte de nuestra legislación antes de su tipificación, primero fue la desaparición forzada y el genocidio, delitos que al momento de su ocurrencia no se encontraban tipificados, pero por la relativización de los principios de legalidad y tipicidad, pues existe en nuestra legislación interna desde el año 2000 con la ley 599; sin embargo se ejecuta antes de esta normativa y debe penalizarse pues se trata de delitos de lesa humanidad y de trascendencia internacional y Colombia ha venido desde antes del año 2000 ratificando tratados de DDHHH.

Lo anterior ayuda a consolidar la dogmática frente a procesos de justicia y paz y solicitudes de revisión ordenadas por la Corte Interamericana de DDHH, de crimines en su mayoría atribuidos a grupos paramilitares y algunos miembros de las FFMM.

CSJ, sala penal, Auto exp. 36828, Nov. 23/11. M.P Augusto Ibañez.

 

 

 

La victima puede aportar pruebas pero por intermedio de la fiscalía.

Esta facultad la pueden ejecutar en la audiencia de formulación de la acusación.

CSJ, sala Penal, Sent. 37596, dic. 7/11. M.P. José Luis Barceló

Las penas en contra de los congresistas no pueden aumentarse por la 890.

Este aumento en las penas solo es aplicable a los casos ordinarios del sistema acusatorio, en este sentido se cambió la jurisprudencia de la corte pues antes se decía que era para todos y para todo, con base en el principio de igualdad, además que el aumento en las penas solo aplica para el sistema acusatorio, en donde se regula la justicia premial al imponer penas más drásticas y motivar la aceptación de los cargos y preacuerdos, lo cual equilibra la rebaja en la pena; pero a los congresistas no se les aplica proceso acusatorio. Sino 600/00.

CSJ. Sent. 32764, ene. 18/12

La alta corporación había dejado de aplicar el aumento de penas para estos aforados, la corte sostenía que el incremento es para delitos cometidos solo bajo el sistema acusatorio.

30682, mayo 23/12

 

Competencia del juzgamiento.

Cuando la comisión de la conducta se ejecuta en lugares diferentes y no es posible determinar el lugar exacto del delito el juez competente será donde se formule la acusación. CSJ. Auto 37744 oct 28/11 M.P. Augusto Ibáñez

En justicia y paz el incidente de reparación integral no espera hasta la sentencia.

La indemnización para delitos de lesa humanidad no puede tramitarse igual que los procesos ordinarios. No todas las normas de la ley de descongestión judicial son aplicables a justicia y paz (1395/10). Uno de ellos es el mayor valor de reparar a las victimas tratándose de justicia transicional.

El incidente comienza desde la audiencia que legaliza la aceptación de cargos

Sent. 36125, agosto 31/11. CSJ. MP. Sigifredo Espinosa.

 

Actos sexuales abusivos no incluyen menores entre 14 a 18 años.

Los menores en este rango ya son concientes de su sexualidad, la norma penal protege es la no comprensión de su sexualidad.

CN sent. C 876, nov. 22-11 M.P Mauricio González

 

La competencia del juez de control de garantías es abierta.

Desde la ley de seguridad ciudadana, la competencia no es exclusiva del funcionario del lugar de los hechos, pasando del criterio territorial al funcional, es decir cualquier juez municipal asuma el control de legalidad de las medidas adoptadas.

CSJ. Auto expediente. 37674, oct. 26-11 MP Fernando Castro.

 

La victima puede apelar la preclusión de la investigación.

La victima puede impugnar cualquier decisión que afecte sus interés, inclusive esta,  pero debe ser con un mínimo de rigor y claridad, para que se pueda decidir de fondo.

CSJ Auto 37449, oct. 19 de 2011 MP sigilfredo Espinosa.

 

Cambio del juez durante el juicio oral genera nulidad del proceso.

Es un hecho común que el juez que dio el sentido del fallo y dicta sentencia es diferente al del juicio oral, trasgrediendo la inmediación y la concentración.

CSJ sent 32143, Oct. 28 de 2011 MP. José Leonidas Bustos.

 

Beneficios para el concierto para delinquir.

La sentencia C 771 de 2010 declara exequible los beneficios que otorga la ley 1424 de 2010, dado que así

Existan crímenes atroces, habrá una sentencia condenatoria y hasta una suspensión condicional de la ejecución de la pena.

 

Información de desmovilizados por acuerdo: prueba judicial.

El art. 33 CN, solo tiene la exclusión probatoria por autoincriminación o familiares. La ley 1424 de 2010 ordenaba que no se tendría como prueba contra terceros, pero la CN, dice que una cosa es la justicia transicional otra las garantías de las víctimas, una cosa es facilitar la colaboración en la construcción de la verdad, pero sin desconocer los intereses de la víctima.

C 771, oct. 15 de 2011 CN. Nilson Pinilla.

 

Habeas corpus y la ley de seguridad ciudadana.

Formulación de acusación e inicio del juicio oral: CPP 60 días, la ley 1142 de 2007 a 90 y la 1453 de 2011 a 120 días, esta es la norma a aplicar bajo el ppio de efecto general inmediato, para aplicar ppio de favorabilidad se puede pero únicamente si se presento la acusación antes de la 1453.

Sent. 37877 nov. 18 de 2011 CSJ, M.P. Sigilfredo Espinosa

 

Pruebas antecedentes pueden ser utilizadas para variar la calificación jurídica provisional.

La CS de justicia vario su jurisprudencia de 2002 y 2008 que solo permitía utilizar las pruebas sobrevinientes para cambiar la imputación jurídica provisional, esto procede siempre que se acredite además un error en la imputación y se respete el núcleo básico de la misma, sin alteración a los presupuestos básicos de la investigación y el juzgamiento. Artículo 404 de la ley 600 de 2000. La norma utiliza el “o” como conector, por lo tanto describe que son dos los supuestos. Resultado de pliego de cargos contra evidente.

Sent. 34495, nov. 8 de 2011, CSJ M.P Augusto Ibáñez Guzmán.

 

Medidas de aseguramiento no pueden afectar otros procesos penales.

La CN declaro inexequible la norma de la ley de la seguridad ciudadana que amplía los efectos negativos de esta figura.

Solo las condenas pueden influir en las medidas de privación de la libertad que se adopten en un futuro.

Una medida de aseguramiento proferida en un proceso penal no puede incidir en las decisiones sobre la libertad que se deban tomar en otro proceso penal; la ley de seguridad ciudadana extendía los efectos negativos de las decisiones tomadas en otros procesos que se adelantaran sobre el mismo procesado.

Los jueces a la hora de decidir si detiene o liberan una persona, no pueden tener en cuenta las medidas de aseguramiento, adoptadas en otros procesos penales que afronte el imputado.

Razones: presunción de inocencia, presunción de culpabilidad, desproporción de la norma, por equiparar a condena una simple medida de aseguramiento.

CN. Sent. C 121. Feb. 22/12 M.P Luis Ernesto Vargas.

 

Jueces no pueden anular allanamientos a los cargos por divergencias con la fiscalía

En una sentencia de tutela, la Corte Suprema de Justicia advirtió que los jueces no tienen la competencia para invalidar las aceptaciones de cargos de los procesados por no estar de acuerdo con las valoraciones probatorias o la calificación del delito planteadas por la fiscalía. En el caso en estudio, la Sala Penal respaldó la labor de la fiscalía al calificar los hechos, pues consideró que la función constitucional del ente acusadores, precisamente, recaudar elementos probatorios para acusar.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia T-59043, 6/3/2012

Cuando hay coautores dentro de un proceso penal, el juez que legaliza los allanamientos a los cargos de unos no queda impedido para juzgar a los otros autores que no aceptaron su responsabilidad penal. Así lo determinó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en auto del pasado mes de febrero. El alto tribunal consideró que en estos casos no se configura ningún impedimento, ya que la aceptación de cargos excluye la celebración del juicio oral; de tal forma que el juez no cuenta con un conocimiento jurídico o fáctico previo de los hechos que juzgará.

Corte Suprema de Justicia, Auto 38226, 8/2/2012

Por Rodrigo Orlando Osorio Montoya
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  • Rodrigo Orlando Osorio Montoya
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  • Abogado Penalista. Especialista en Cultura Politica, Pedagogía de los DDHH de la UNAULA, Magister en Derecho de la U. de M. Asesor, y Coordinador del área Penal FUNLAM. Conjuez del Tribunal Superior de Medellin, Sala Penal.

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