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Principio de Oportunidad


El principio de oportunidad es una excepción al principio de legalidad,
mediante el cual el Estado renuncia a investigar una conducta que podría ser delito por consideraciones de política criminal; está consagrado fundamentalmente en el artículo 250 de la Constitución Política (Acto Legislativo No. 03 de 2002) y en los artículos 321 a 330 de C. de P P. (Ley 906 de 2004).


La facultad de aplicarlo está en cabeza de la fiscalía, sin depender de solicitud alguna de las partes, como sí sucede en la mediación o en la conciliación.


Su aplicación, conforme lo señala el artículo 175 del C de PP, no podrá exceder de 30 días contados a partir del día siguiente a la formulación de la imputación, con la excepción señalada en el artículo 294 de la misma obra.
Algunas de sus causales pueden situarse en eventos en los que la conciliación haya o hubiere podido operar. Por ejemplo, la primera causal procede:


Cuando se trate de delito sancionado con pena privativa de la libertad que no
exceda en su máximo de seis (6) años, se haya reparado integralmente a la
víctima, de conocerse, y pueda determinarse de manera objetiva la ausencia
o decadencia del interés del Estado en el ejercicio de la correspondiente
acción penal.


En este evento, puede suceder que las partes concilien, o acudan a la mediación después de la formulación de la imputación, con resultado reparatorio integral para la víctima, en cuyo caso, consolidándose de esta manera una causal que amerita la aplicación del principio de oportunidad, resulta posible su aplicación, siempre y cuando, como se señaló anteriormente, pueda determinarse de  manera objetiva “la ausencia o decadencia del interés del Estado en el ejercicio de la correspondiente acción penal”.

 

TOMADO DE LA GUÍA INSTITUCIONAL DE
CONCILIACIÓN EN PENAL
Ministerio del Interior y de Justicia

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  • Rodrigo Orlando Osorio Montoya
  • Abogado Penalista. Especialista en Cultura Politica, Pedagogía de los DDHH de la UNAULA, Magister en Derecho de la U. de M. Asesor, y Coordinador del área Penal FUNLAM.
Conjuez del Tribunal Superior de Medellin, Sala Penal.
  • Abogado Penalista. Especialista en Cultura Politica, Pedagogía de los DDHH de la UNAULA, Magister en Derecho de la U. de M. Asesor, y Coordinador del área Penal FUNLAM. Conjuez del Tribunal Superior de Medellin, Sala Penal.

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